Entre los días 6 al 9 de junio se realizó en Los Ángeles la Novena Cumbre de las Américas Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo, en medio de un período de tensiones entre los gobiernos de la región. Si bien las disputas –de larga data– sobre qué países fueron invitados a asistir corrían el riesgo de eclipsar el evento, la cumbre fue una oportunidad única para que los líderes latinoamericanos se reunieran y para que el presidente Joe Biden enmendara las relaciones con ellos.
Cumbre de las Américas
La Cumbre de las Américas se estableció en 1994 durante la administración del presidente estadounidense Bill Clinton. El objetivo principal fue el rediseño de las relaciones diplomáticas y comerciales de Estados Unidos con el continente. La existencia de nuevos participantes y una comprensión general de los principios políticos y económicos basados en las doctrinas de la democracia y la economía de mercado han hecho posible el diálogo sobre cooperación política e integración económica sin precedentes en el hemisferio, desde Canadá hasta Argentina y Chile.
Los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas decidieron reunirse periódicamente para definir los preceptos fundamentales de la nueva agenda regional. La decisión de institucionalizar las reuniones dio lugar al concepto de un “Proceso de Cumbres”, en el que se construye un lenguaje común y se programan mandatos de acción colectiva. Esta institucionalización estuvo ausente durante las dos cumbres que tuvieron lugar en el período de la Guerra Fría, que se organizaron ad hoc.
Desde el inicio del “Proceso de Cumbres”, los jefes de Estado y de Gobierno han establecido una amplia gama de prioridades con el fin de satisfacer las prioridades y las necesidades de los pueblos del hemisferio. La democracia siempre ha sido un tema central en las Cumbres, a pesar de la heterogeneidad de los temas, que fueron tratados de acuerdo con las necesidades y las preocupaciones vigentes de los Estados miembros. Desde su creación, con la primera celebrada en Miami en diciembre de 1994, se han realizado nueve ediciones de la Cumbre de las Américas.
De manera general, las Cumbres de las Américas reúnen a los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio occidental para discutir el consenso común, la búsqueda de soluciones y el desarrollo de una visión compartida para el futuro de la región en las áreas económica, social y política. Como región no hemos podido medir, comprender y prevenir la pérdida de vidas humanas, pero se estima que América Latina tiene una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo. Al poner el impacto de la pandemia al frente y al centro, nuestros gobiernos pueden ejercer el liderazgo que nuestros ciudadanos y ciudadanas necesitan hoy en una región que ya es la más desigual del mundo. Compuesto en su mayoría por países de ingresos medios, los gobiernos de América Latina se han encontrado realmente afectados. No cuentan con recursos comparables a los movilizados por los países ricos en respuesta a la pandemia. Pero tampoco pueden beneficiarse de los programas de apoyo internacional, a menudo dirigidos solo a países de ingresos bajos y medio bajos.
Las empresas farmacéuticas han priorizado la venta de dosis de sus medicamentos a los países donde pueden obtener mayores ganancias. Sin un enfoque compartido para promover los intereses de la región en su conjunto, acceder a las vacunas contra el COVID-19 ha sido una lucha cuesta arriba. Como resultado, más de 200 millones de personas siguen sin vacunarse en toda la región.
Una combinación de grandes poblaciones urbanas, una gran carga de enfermedades crónicas, así como un empeoramiento de sus factores de riesgo, el aumento de las problemáticas vinculadas a la salud mental, sistemas de salud débiles y un lanzamiento mundial de vacunas muy desigual, han llevado a algunos expertos a advertir que América Latina podría ser la región más vulnerable del mundo a la aparición de una nueva variante. Esto no es solo un problema latinoamericano, sino de todos.
Con casi todos los gobiernos latinoamericanos apoyando la exención de las normas de propiedad intelectual sobre las vacunas, pruebas y tratamientos contra el COVID-19, y considerando que algunos países de la región tienen la capacidad de fabricar vacunas y tratamientos modernos, podría cambiar las reglas del juego el apoyo del gobierno de Estados Unidos para facilitar la protección de patentes para vacunas, tratamientos antivirales y pruebas que salven vidas. Las demoradas negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) –actualmente empantanadas con propuestas que en realidad son peores que el statu quo en lo que respecta al acceso a medicamentos– han llevado a los países a buscar sus propias soluciones. Países como Brasil propusieron un proyecto de ley para eludir las normas de propiedad intelectual, pero esos esfuerzos también se estancaron. A más de dos años de la aparición del COVID-19, existe el temor de repetir los mismos errores del pasado. No estamos cooperando como región: estamos dejando que las ganancias de las empresas estadounidenses tomen el control.
El comportamiento de los gigantes farmacéuticos estadounidenses no ha ganado buena voluntad en la región. Se hicieron grandes demandas a los gobiernos y programas de ayuda a cambio de suministrar materiales que se necesitaban desesperadamente. Ahora que se han desarrollado tratamientos antivirales orales para salvar vidas contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el mundo está repitiendo los errores cometidos en las primeras etapas de la pandemia. Los países ricos están comprando rápidamente el suministro inicial mundial de estos tratamientos, mientras que es poco probable que las naciones de ingresos bajos y medianos vean alguno antes de 2023.
Los contratos permanecen envueltos en secreto. Supuestamente, UNICEF tuvo que aceptar no revelar cuánto le había pagado a Pfizer para acceder a las dosis del tratamiento antiviral Paxlovid. Y la empresa ha sido condenada públicamente por la OMS por “falta de transparencia”. Después de la presión abrumadora de los activistas de la salud mundial, Pfizer y Merck se asociaron con Medicines Patent Pool para otorgar licencias de sus píldoras antivirales COVID-19 a países de bajos ingresos. Pero las licencias emitidas excluyen a casi toda América Latina, al igual que la reciente promesa de Pfizer de vender una gran cantidad de medicamentos a un precio “sin fines de lucro”. Para garantizar un acceso verdaderamente equitativo, las compañías farmacéuticas estadounidenses deben dar un paso al frente.
En la cumbre global COVID-19 de mayo, Biden se comprometió a compartir una serie de tecnologías de coronavirus de propiedad pública con la OMS para apoyar los esfuerzos de fabricación de genéricos en todo el mundo. Esta fue una declaración importante de la intención de su administración de abordar las barreras estructurales para un acceso equitativo. Es un paso en la dirección correcta. Ahora, los gobiernos deben dar el siguiente paso. Eso requiere acordar una posición unificada que beneficie a la región y hacer frente a los gigantes farmacéuticos que repetidamente han antepuesto sus propias ganancias a las necesidades de la salud pública.
Con el apoyo de sus pares, Biden debe hacer que Pfizer, Moderna y Merck sigan los pasos de su gobierno y compartan sus tecnologías COVID-19 con el mundo. Y puede unirse a los muchos gobiernos latinoamericanos en la OMC para apoyar una exención total y completa de todas las reglas de propiedad intelectual relacionadas con vacunas, pruebas y tratamientos contra el coronavirus.
Esta cumbre ha sido anunciada como una oportunidad para construir un futuro que sea “sostenible, resiliente y equitativo”. El efecto del COVID-19 en América Latina sigue siendo una amenaza para cada uno de esos objetivos. Como dijo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, la respuesta global a la pandemia ha mostrado más evidencia de racismo en un “sistema que privilegia a las antiguas potencias coloniales en detrimento de los antiguos estados colonizados”. Al tomar medidas firmes sobre la equidad en la respuesta al COVID-19, nuestros gobiernos pueden hacer una grieta en ese sistema.
Durante demasiado tiempo, América Latina ha sido tratada como un actor de segunda clase en la geopolítica global, y los problemas que afectan la vida cotidiana de las personas no se han abordado de manera efectiva. La respuesta global al COVID-19 solo ha exacerbado esta realidad. Y una mejor cooperación entre los gobiernos de la región es un paso esencial para hacer las cosas bien. Por su parte, el presidente Biden tiene la oportunidad de recuperar la confianza con sus vecinos del sur tras la Cumbre de las Américas. Pero esto requerirá de actos concretos de solidaridad, liderazgo responsable y medidas objetivas que garanticen el avance de la región hacia el acceso equitativo a las tecnologías desarrolladas por la ciencia para enfrentar el COVID-19 y otras pandemias futuras.
José Gomes Temporão es médico de salud pública. Fue ministro de Salud de Brasil de 2007 a 2010, durante el segundo mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante su mandato, en 2007, Brasil emitió una licencia obligatoria para el medicamento antirretroviral Efavirenz, para ser distribuido a través del Sistema Universal de Salud (SUS) del país.
Una primera versión de este artículo en inglés ha sido publicada en www.aljazeera.com. La versión en español ha sido traducida y adaptada por Sebastián Tobar.
Share this content: