América ha decidido hace muchos años proteger los Derechos Humanos de la región con un sistema interrelacionar que otorga a los ciudadanos y las ciudadanas la posibilidad de acudir a una instancia internacional superior a los supremos tribunales de los países miembros del Sistema Interamericano. Una Corte y una Comisión interamericanas de Derechos Humanos cumplen este rol. Hay también una instancia de investigación y difusión: el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, un cerebro lúcido que realiza actividades académicas del más alto nivel, aunque debe decirse que en la actualidad ha perdido dinamismo de forma muy clara, junto a un desolado desfinanciamiento. Y existen, por supuesto, las cartas constitucionales del Sistema: la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los protocolos posteriores.
Creación del Sistema Interamericano
Distintas regiones del mundo intentaron soluciones semejantes al problema de las violaciones a los Derechos Humanos. Una vez más se advierte que personas distintas en lugares distintos intentan soluciones iguales ante problemas iguales. Y así se crearon instancias supranacionales de consulta y recurso para obtener el remedio a los agravios que no pudieran ser solucionados en sede nacional. La Corte Europea de Derechos del Hombre, establecida por la Convención de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales, cumple esa función en Europa; la nombrada Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, tiene ese rol en América –casi en toda ella, con la incorporación de Canadá al Sistema. Por supuesto que Estados Unidos jamás se incorporó, a pesar de haber sido creado específicamente por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los países europeos registraban violaciones a los Derechos Humanos muy sutiles en comparación a los perplejos episodios que se dan cita en América Latina, hasta que comenzaron a discriminar por raza y color de piel. Por su parte, la situación americana se ve agravada por la ineficiencia de los gobiernos para controlar y erradicar definitivamente estas violaciones o –aunque mal no sea– reducir los niveles de violencia. La escasa cultura política, las crisis económicas crónicas, la dependencia política y financiera de la región, el aventurerismo militar, una estratificación social apta para la provocación de disturbios sociales, la debilidad de los sistemas políticos, la dudosa legitimidad de muchas de sus democracias, las críticas condiciones de los sistemas jurídico-penales, la corrupción ampliamente difundida –entre otras desgracias similares– convierten a América Latina en región propicia para que las violaciones a los derechos sean parte de su naturaleza y funcionamiento. Asimismo, los sistemas de control de la violencia –las grandes y las pequeñas violencias– son más difíciles de sustanciar.
Colapso del Estado
Esta situación hizo afirmar a Alain Touraine que algunos Estados latinoamericanos están al borde del colapso y corren grave riesgo de violencias. Esto fue visible en algunas experiencias militares de la década del 80 en el siglo XX –Panamá, Haití, Perú, Honduras, Nicaragua, Argentina, Chile, Brasil– cuya gravedad institucional redujo la posibilidad de actuación de los Estados nacionales. La inmersión en la crisis es tan profunda que todos los índices de ingobernabilidad fueron en aumento. Hoy, situaciones semejantes pueden verificarse en Venezuela, Guatemala y Nicaragua, y la discriminación retomó nueva vida en los Estados Unidos con la presidencia del Donald Trump, quien reivindicaba la raza blanca, escarmentaba y expulsaba extranjeros y callaba ante la violencia policial contra negros, lo cual sigue siendo muy frecuente, sobre todo en el sur norteamericano.
Los Estados corren el riesgo de dejar de ser obedecidos. El poder es una relación de mando y obediencia. No es imposible que, si los sistemas de obediencia fracasan, el poder político de los Estados se consuma: se agote por la vía de la ilegitimidad y la ineficacia. El Estado latinoamericano actual despliega un gran esfuerzo para ser obedecido. Su desprestigio fue muy grande, tan grande como sus propios cimientos. Por razones económicas complejas, el Estado se convirtió en un oferente de empleos importante: los sistemas de seguridad, los ejércitos y las burocracias se poblaron con personas relativamente incapacitadas para obrar con inteligencia. De algun modo, los gobiernos aprovecharon esa situación y la manipularon. Las policías de seguridad en ocasiones están compuestas por seres inescrupulosos y sin frenos éticos de ningún orden: se convirtieron en vallas de contención del descontento y la revuelta. Los gobiernos más débiles de la región comenzaron a contar con un eficiente sistema de torturas, desapariciones, sistemas de inteligencia que funcionan al borde de la legalidad, o simple infusión de temor. Las policías catalizaron la oposición al sistema, y los gobiernos no ignoran que desestructurarlas restaría al Estado su más importante órgano de control del flujo social (ver El Anti Edipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari). Para paradoja de los latinoamericanos, hay oscuros personajes adiestrados en supliciar a sus hermanos y hermanas que viven en las mismas ciudades y comparten los mismos hábitos.
Los ejércitos se mercenizaron. Quienes en la época de las independencias nacionales colaboraron para forjar la nacionalidad, trabajaron en defender intereses que no eran los propios. Hicieron lo que quería quien mejor les pagaba. Y deshicieron, de paso, la coherencia histórica.
Las burocracias son máquinas de impedir. Ellas también se conjuran en la violación de Derechos Humanos. Estas burocracias incluyen especialmente a los poderes judiciales, cuya lentitud es desesperante: la justicia siempre llega tarde. Constituidas en frenos para palear la imaginación, la inteligencia y la creatividad, la burocracia es la caricatura de la administración y la pantomima de sí misma. La pérdida de tiempo histórico –que nadie recupera– es el objetivo indisoluble de las burocracias.
Para consumar la explotación históricamente reservada a los latinoamericanos y las latinoamericanas fue imprescindible violar Derechos Humanos. De otro modo sería muy incómodo y más difícil. Las clases políticas estaban adiestradas en eso, con ingenuidad o por deliberación. Es decir: las violaciones a los Derechos Humanos no fueron episodios accidentales, sino que formaron parte de la estructura de los Estados latinoamericanos. Fueron estructurales, no coyunturales. Para resolverlo no fue suficiente introducir modificaciones simpáticas. Fue preciso pensar en cómo modificar la estructura de los Estados, acaso en el sentido señalado por Alain Touraine: los Estados debían aproximarse a su muerte para reorganizarse otra vez. Y eso no sucedió.
Este punto de vista no debe descartar remedios menos drásticos. Cualquier introducción de soluciones parciales debe ser bienvenida. Todo lo que en América Latina se haga para reducir niveles de violencia institucional debe ser aprovechado por las instancias críticas.
¿El fracaso del Sistema Interamericano?
En este punto, cabe conminar a los Estados nacionales a que cumplan sin excusas con las decisiones de la Comisión y la Corte interamericanas de Derechos Humanos sin alegar intromisiones en políticas internas. Y cabe asimismo crear modos de comunicación más directos para acceder al Sistema Interamericano que, de otro modo, y a fuerza de no ser obedecido, acentuará su decadencia, como ocurre asimismo con la propia OEA.
La actualidad de los Derechos Humanos en América difiere de acuerdo a cada país, no obstante lo cual puede afirmarse que sin un sistema de protección de tales derechos los Estados se debocarían nuevamente, como a finales del siglo pasado.
De algún modo el Sistema Interamericano parece haber sido procesalmente diseñado para no funcionar. Para acceder al Sistema es preciso presentar ante la Comisión, en Washington, la denuncia con el patrocinio de un letrado experto en derecho internacional y en Derechos Humanos. Si la denuncia es aceptada por la Comisión –lo cual suele suceder tras muchos años– pasa a la Corte en Costa Rica. Eso implica trasladarse a esa sede en tiempo oportuno para ratificar el proceso. La Corte Interamericana tarda años en decidir. En suma, la pérdida de tiempo es la más grande afrenta a la defensa de los derechos fundamentales. Luego llega el momento estelar: la Corte le da la razón a la denunciante, y condena al Estado que corresponda: ese Estado decide desoír al Sistema Interamericano y nunca ejecuta la sentencia. Ante tal circunstancia ya no hay otra cosa más que resignarse.
Es necesario crear canales desde cada país americano para acceder al Sistema de modo directo. Y “recrear” dicho Sistema para hacerlo ágil, dinámico, con plazos ciertos para pronunciarse y demás. Para ello hay que financiar al Sistema –hoy está desfinanciado– y repensar su funcionamiento. Si ello no fuere posible, cabe desarticular al Sistema actual y crear otro, bajo el auspicio de la ingeniería en base cero.
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