Política asistencial y Estado desde la perspectiva política de Eva Perón: la consolidación del nacionalismo popular como fundamento ideológico del Justicialismo

Cuando la historiografía posterior a 1955, fuertemente influida por el pensamiento liberal y sus particularidades epistemológicas –ahistoricidad, avaloratividad, universalismo abstracto, individualismo metodológico–, promueve la fragmentación y la atomización del análisis de la complejidad de lo que ha sido el proceso revolucionario iniciado el 4 de junio de 1943, y cuya consolidación tiene lugar durante el gobierno justicialista (1946-1955), uno de los principales puntos de ataque lo constituye la caricaturización de la acción social desarrollada por Eva Perón al frente de la Fundación que llevaba su nombre. Esta simplificación analítica no tiene por fundamento solamente una elección metodológica, sino que al mismo tiempo sus consecuencias políticas conducen a quitar todo potencial propositivo de cambio al ideario justicialista. La acción social y el pensamiento político de Eva Perón no pueden fragmentarse de una totalidad más compleja e interrelacionada, como lo es el desarrollo de un programa político de transformación del orden liberal oligárquico en Argentina.

El objetivo de este texto es analizar la centralidad que adquiere en el programa político del justicialismo la acción social y el pensamiento político de Eva Perón para la promoción de la justicia social en el marco de un proceso profundo de nacionalización económica y de fomento del industrialismo, conjuntamente a la oposición a las políticas imperialistas de Gran Bretaña, Unión Soviética y Estados Unidos.

 

La génesis de la Fundación Eva Perón como emergente de un nuevo ciclo histórico de las relaciones de clase en Argentina

Como consolidación de un proceso histórico que se desarrolló desde mediados de la década del treinta en Argentina, con el denominado modelo de sustitución de importaciones comienza un lento proceso de incipiente industrialización que se constituirá en el inicio de un punto de inflexión en el cambio de una matriz productiva de la economía argentina de base agroexportadora, liberal y oligárquica que sirvió de inserción en la economía internacional, de acuerdo con la división internacional del trabajo instituida hacia fines del siglo XIX. Pero más aún, la creciente influencia de un sector de las Fuerzas Armadas –pioneros como Mosconi, Pistarini y otros– constituyó como rol estratégico el aporte hacia un proceso de desarrollo económico integral, superador del excluyente, fragmentario y concentrador: liberal. Estos pioneros fueron parte de un proceso de generación de una intelectualidad que curiosamente no surge del ámbito académico, sino de las propias fuerzas armadas ligadas al pensamiento nacional. Los procesos de modernización capitalista, aún periférica, comenzaron con ese núcleo que a juicio de varios autores –Hernández Arregui (1972) el mayor exponente– sustituyó la inexistencia de una burguesía como sujeto revolucionario, tal como había en el caso europeo. Posteriormente, y aún bajo un modelo de desarrollo centrado en la producción primaria, los gobiernos de Yrigoyen transformaron –en el marco de las relaciones sociopolíticas– la apertura hacia la participación política de nuevos sectores sociales, fundamentalmente sectores medios antes excluidos de la cooptación del régimen y sus instituciones por parte de la oligarquía local. Es en este mismo período que se inicia un incipiente proceso de nacionalización. Será a partir de la Revolución del 4 de junio de 1943 donde comienza a gestarse un proceso de institucionalización sostenida de la transformación de la matriz productiva argentina y de la conformación de un proyecto de desarrollo socioeconómico y político integral revolucionario en la historia argentina.

En ese marco, el desarrollo de núcleos intelectuales –no solo en el campo de las Fuerzas Armadas, sino en los inicios de un nacionalismo popular opuesto al elitista predominante desde la década del veinte– tendrá en el ámbito de la intelectualidad civil en esta etapa una raigambre muy profunda. FORJA –la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina– desde el golpe del treinta asumirá la crítica a la década infame y la centralización, el corporativismo y la elitización de un modelo conservador excluyente, con el desarrollo de investigaciones sociales que denunciaban un proceso que comenzaba a advertirse como claro límite al desarrollo autónomo de nuestra economía: el neocolonialismo. El nacionalismo de FORJA tiene como uno de sus constructos centrales el anticolonialismo, cuyas instituciones eran identificadas con empresas y bancos extranjeros que operaban en el país y controlaban su economía. Todo ese clima de época a partir de 1943 consolida una relación programática entre industrialismo, un incipiente nacionalismo popular y el establecimiento de una nueva alianza entre actores políticos inédita en la historia argentina. Esta triada, se constituía en una convergencia objetiva inherente a la conformación de un proceso complejo de reestructuración económica y política, pero al mismo tiempo el juego incremental de estrategias construidas reflexivamente otorgaba sustento a los cambios. Juan Domingo Perón fue nombrado a cargo del Departamento Nacional del Trabajo que a partir del Decreto-Ley 15.074 del 27 de noviembre de 1943 pasa a ser Secretaría de Trabajo y Previsión y contendrá áreas tales como: Comisión de Casas Baratas, Departamento Nacional del Trabajo, Comisión de Alquileres, Comisión de Higiene y Seguridad Industrial, Sección Accidentes de la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones Civiles, Comisión Asesora para la Vivienda Popular, Junta Nacional para Combatir la Desocupación y Comisión Honoraria de Reducciones de Indios. En su experiencia de formación militar en Italia, Perón pudo advertir la centralidad de los trabajadores y las trabajadoras en el esquema de conformación de un proceso de transformación económica de modernización capitalista. Ese cargo funcional fue pedido por el propio Perón, no solo como espacio de construcción política, sino como marco de inicio concreto y real de una nueva alianza entre trabajadores y gobierno. Las políticas sociales serán una mediación fundamental para Perón, y luego para todo el Justicialismo, para la transformación de la sociedad en un sentido de promoción de la igualdad de derechos y cobertura integral de las condiciones materiales de vida de la población: dicho de otro modo, la consolidación de una nueva etapa histórica de modernización capitalista, pero desde la promoción de un capitalismo nacional.

El 17 de octubre de 1945 será la demostración de la legitimidad y el liderazgo construido desde esas políticas. María Eva Duarte y Juan Domingo Perón se habían conocido e iniciaban una de las más profundas y fértiles uniones personales y políticas: ambos fueron líderes de todo el proceso de transformación que, si bien iniciará en 1943, se consolidará a partir del acceso al gobierno de Perón en 1946. Para Perón y para Eva, la justicia social era mucho más que un principio abstracto. Ante todo, era el medio de consolidación de uno de los constructos centrales del nuevo proyecto de desarrollo integral de la economía y la sociedad argentina: significaba el justo establecimiento de una alianza entre gobierno y trabajadores y sectores populares, era el acceso de migrantes del mal denominado “interior”, que se incorporarían como trabajadores y trabajadoras en el sector secundario, promovido y desarrollado por las políticas del Justicialismo. Esa centralidad de este nuevo sujeto colectivo histórico –revolucionario en la historia de nuestro país– no puede ni debe ser desconsiderado como un mero espectador, sino como su principal constructor.

Cuando Perón asume la presidencia, intenta que su esposa Eva asuma la dirección de las denominadas Damas de Beneficencia –sociedad filantrópica no estatal– donde consuetudinariamente –desde la presidencia de Rivadavia– se nombraba como directora a la “primera dama” de cada momento. Fuertemente asociada a la élite oligárquica, esta institución rechaza a Eva, con la excusa de ser muy joven e inexperta. En 1948 se crea la “Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón” (Decreto 20.564 del 19 de junio de 1948) y posteriormente como ente gubernamental pasa a llamarse “Fundación Eva Perón” (Ferioli, 1990). La creación de esta entidad suele asociarse –no solo desde la literatura de divulgación, sino sobre todo la mayoritariamente académica– a lo estrictamente asistencial, y es ligada –desde lecturas lineales y sin análisis de la complejidad– con acciones caritativas orientadas a resaltar la imagen de Eva. Son lecturas que asemejan sus prácticas y significados a los atribuidos a las prácticas filantrópicas de las Damas de Beneficencia. Sin embargo, en el marco del proyecto justicialista la asistencia social comienza a construirse como derecho, y el lugar del sujeto deja de ser el de una subjetividad pasiva receptora de recursos y pasa a adquirir el status y la condición de ciudadano y ciudadana, ante quienes el Estado se obliga a garantizar las condiciones materiales y no materiales de existencia, adecuadas a los estándares satisfactorios de vida de cada momento. Este giro político en la construcción de la asistencia social implica una acción que, lejos de profundizar las asimetrías sociales, convoca a su visibilización y a su corrección a través de mecanismos de distribución progresiva de los recursos de la sociedad.

 

Acción social y justicia social: semiótica de la acción política y del pensamiento de Eva Perón

La acción social de la Fundación Eva Perón desde 1948 hasta 1951 arroja cifras contundentes en perspectiva histórica de la materialización de acciones de cobertura de las necesidades de aquel segmento de la sociedad no incorporado al mundo del trabajo. Efectivamente, la política de la Fundación se dirigía a aquel 4% de la población en condiciones de pobreza e indigencia imposibilitado de resolver sus necesidades por la vía del mercado. Pero es sobre estas acciones que debe analizarse el significado de estas acciones, de modo contrario al de la historiografía liberal, o de las vertientes ancladas en ella. Sin los condicionantes sociopolíticos e ideológicos que contextualizan la política asistencial de la Fundación se evitaría la complejidad que supone lo más importante en sus términos táctico-estratégicos en la construcción de un proyecto de desarrollo integral socioeconómico, político y humano, desde la perspectiva del ideario justicialista.

El primer punto a tener en cuenta es la concepción de sujeto que se toma por interlocutor desde las acciones del gobierno, y más específicamente desde la Fundación. La realización de la justicia social es entendida en la filosofía justicialista desde la concepción clásica del bien común, que tiene por fundamento social la sobredimensión de los intereses generales por sobre los particulares. Perón sintetiza la justicia social como aquella emergente de las nuevas relaciones entre las clases con una fuerte intermediación del Estado, en el sentido de materializar una justicia distributiva –influencia del pensamiento aristotélico. La justicia social implica el reconocimiento de las diferencias para la asignación de recursos, y no necesariamente una igualdad uniforme que potencie las diferencias objetivas existentes.

Por lo tanto, es necesario establecer en este punto una primera afirmación fundamental para dar cuenta de lo mencionado. Las políticas de asistencia social de la fundación Eva Perón formaron parte de un diseño integral de políticas dirigidas a promover cambios estructurales en el orden liberal oligárquico, pero al mismo tiempo a consolidar una alianza de clases inédita y –más aún– a que la acción social no estuviese desvinculada de una transformación de la cultura política de la relación entre las clases sociales en Argentina. Al respecto, la materialización de la justicia social –entendida como justicia distributiva– implicaba el reconocimiento de las desigualdades naturalizadas en el orden anterior. Pero al mismo tiempo se traducían en acciones materiales concretas para modificar el estado de situación deficitario de las condiciones de vida.

En ese sentido, véanse algunas de sus obras. Durante el período de 1948 a 1955 la Fundación desarrolló –entre otras– las siguientes obras: un total de 13.402 mujeres lograron emplearse; en los 19 Hogares Escuelas construidos por la Fundación, 8.726 niñas y niños fueron internados para su cuidado; en colegios o instituciones de la Fundación, entre 1948 y 1950, fueron 25.320; se construyeron desde los aportes de la Fundación 21 hospitales con 22.650 camas en once provincias; se construyó el Hogar de la Empleada, donde un total de 500 mujeres sin acceso a vivienda podían encontrar alojamiento; luego de la apertura de un Hogar de Tránsito, un total de 60.180 personas fueron atendidas con alojamiento y alimentación; posteriormente, se construyen dos más, con un total de 1.150 camas; en 1950, la Fundación se vuelca a la ayuda internacional y 20 países reciben víveres, medicina y ropa; a través de un programa bianual iniciado en 1948, 20.148 familias sin trabajo residentes en la ciudad de Buenos Aires fueron reinsertadas en sus provincias de origen, con trabajo y vivienda.

Además de numerosas acciones conexas, desarrolladas en el campo de la salud, la educación, el deporte y el empleo (Ferioli, 1990) se lleva a cabo una acción que refleja toda una pedagogía, no solo filosófica y teórica, sino práctica: el Estado, reconociendo derechos y materializándolos, pero por sobre todo aplicando políticas incipientes e incrementales de distribución en el plano macroeconómico y también en el aspecto sectorial de la política asistencial. La prueba más tangible de esta intervención estatal y de redistribución de recursos la ofrece el análisis de las fuentes de financiamiento de las políticas de la Fundación. Si bien existieron aportes obligatorios por impuestos sobre los salarios de los trabajadores dos veces al año, sobre todo recibía fondos del Estado y, a través de un Decreto-Ley, el excedente de las partidas de cada ministerio se transfería a la Fundación, aun cuando no fue aprobado por el Tribunal de Cuentas de la Nación (Torre, 2016). Los ingresos públicos se dirigían a la política asistencial, lo que confería un reconocimiento del Estado a los derechos sociales. En ese contexto era una política de avanzada, tomando en cuenta que en las constituciones europeas de posguerra comenzaban a discutirse los derechos sociales. Pero esto, relacionado con el cambio de cultura política promovido desde la Fundación Eva Perón y desde su propio pensamiento, también supuso una ruptura con la concepción subsidiaria, residual y autogestiva de la otrora Sociedad de Beneficencia. Esa transferencia de recursos supone a la vez un giro político hacia la constitución de los sectores asistidos como sujetos de derecho, como sujetos políticos. Pero desde el punto de vista de la gestualidad política y para la promoción de valores disruptivos y de generación de conciencia de derechos entre trabajadores y sectores desempleados hay una fuente de financiamiento en dinero y en especies, que si bien fue minoritaria en términos monetarios, tuvo alto impacto y eficacia en visibilizar la clara intención de demostrar el compromiso del gobierno con los derechos de trabajadores y sectores populares en general, en oposición a la oligarquía, en el marco de la justicia social: las donaciones condicionadas en dinero o bienes de las empresas privadas en manos extranjeras o de la oligarquía hacia la Fundación.

En este punto debe considerarse una segunda afirmación: la estratégica alianza de los sectores populares con el gobierno, como sectores claves para la transformación de la matriz productiva y su conformación como sujetos políticos de los cambios revolucionaros superadores del modelo agroexportador liberal oligárquico. La oposición oligarquía-pueblo implica la organización popular por parte del Estado, no para la institución de un régimen socialista, sino para la realización de un orden conformado por la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.

Eva, ya en el plano de la producción intelectual y teórica, define la constitución política de los nuevos actores emergentes a partir de las políticas desde 1943 como sujetos con conciencia social y política e idóneos actores de su tiempo: “El hombre civilizado se diferencia del hombre salvaje en una sola cosa fundamental: el hombre salvaje no tiene conciencia de su dignidad de hombre; es como si no tuviese alma humana; no tiene personalidad. El hombre civilizado tiene conciencia de su dignidad, sabe que tiene un alma superior y, sobre todas las cosas, se siente hombre. La misma relación podemos establecer entre la masa y el pueblo. Las masas no tienen conciencia colectiva, conciencia social; los pueblos son, en cambio, masas que han adquirido conciencia social. Es como si los pueblos tuviesen alma, y por eso mismo sienten y piensan, es decir, tienen personalidad social y organización social” (Perón, 1951). Esto es de suma importancia, pues para la realización de la justicia social antes se debieron construir los actores, en tanto sujetos políticos en contradicción. En las décadas precedentes, los sectores populares no eran considerados actores políticos en el régimen conducido por la élite liberal, como así tampoco durante el corporativismo de la década infame. Solo con Yrigoyen los sectores medios lograron una apertura a la participación decisoria en la esfera de lo político institucional del Estado. En modo alguno los sectores populares tuvieron esa posibilidad hasta su visibilización y reconocimiento como sujetos políticos por parte del Estado justicialista. Y esto desde un doble proceso teórico y empírico: las políticas sociales dirigidas a los trabajadores y la política asistencial a los asistidos por el Estado, por un lado; y por otro, la construcción de una filosofía política que reconoce a las trabajadoras y los trabajadores como los principales sujetos revolucionarios del Justicialismo, pero que incluye a los integrantes de los sectores populares que no trabajan también como sujetos de derecho, y por ende como sujetos políticos. Todo ello está bien claro y explícito en las clases que Eva Perón dictaba en la Escuela Superior Peronista en 1951, donde se revela su pensamiento político: “Yo podría hacer una diferenciación fundamental ante ustedes, de lo que es masa y de lo que es pueblo, como lo he dicho anteriormente: Masa: 1º, sin conciencia colectiva o social; 2º, sin personalidad social; y 3º, sin organización social. Esto es, para mí, masa. Pueblo: 1º, con conciencia colectiva y social; 2º, con personalidad social, y 3º, con organización social” (Perón, 1951).

Por tanto, lejos de concebir un sujeto como mero receptor pasivo de recursos, a modo de clientela política cooptada para atraer lealtades, la concepción de sujeto político revolucionario con el que el gobierno –no el Estado, sino el gobierno, prioritariamente– establece una alianza es concebido como consciente y preeminente frente a las contradicciones con los sectores opositores. Al mismo tiempo, el rol en que el gobierno dispone a las instituciones estatales es el de organizar a ese pueblo para elevar su bienestar material y dignificar su centralidad como actor político en la disputa de poder en la sociedad, que a la vez es reconocido como sujeto de derechos y que por la intervención del Estado no solo le son reconocidos derechos abstractamente, sino materialmente de un modo distributivo, según criterios de justicia social.

 

Fuentes de legitimación política desde el pensamiento de Eva: nacionalismo popular en la construcción del ideario justicialista

La referencia a la centralidad de las políticas sociales –y en particular de la asistencial como mediación necesaria para la consolidación de un nuevo sujeto histórico y de materialización de la justicia social– es un aspecto de la transición operada en el campo del pensamiento nacional, que gira de un nacionalismo elitista y excluyente hacia la conformación de un pensamiento nacional y popular, a partir de la conformación de este nuevo sujeto como antecedente ideológico inmediato al del Justicialismo. En ese sentido, el nacionalismo popular –y en especial el latinoamericano– difiere del oligárquico con raíces europeas. El nacionalismo popular latinoamericano, lejos de ser una ideología y un movimiento excluyente, es incluyente y cohesivo, aun considerando la diversidad. Pero más aún es un nacionalismo de base económica que tiene como principal objetivo el desarrollo socioeconómico de las sociedades, a partir de un fuerte intervencionismo estatal. Concomitantemente a ese programa político, la justicia social –como mecanismo de distribución equitativa de los recursos y de establecimiento de una revolución a favor de los trabajadores, percibidos dentro del pueblo como la columna vertebral de ese proceso de transformación histórico– es otro de los aspectos por los cuales la asistencia social de la Fundación Eva Perón y el ideario político de Eva Perón no pueden escindirse de esa totalidad en la que consistía el proyecto de desarrollo justicialista de la Nación. Nación, en el concepto de Perón y de Eva, no podía ser pensada escindida del pueblo. El desarrollo tiene como precondición la justicia social, de otro modo la desintegración social y la atomización de los sectores que componen la nación tornarían inviable un proyecto integral de desarrollo en los términos planteados por el ideario justicialista.

De este modo, el nacionalismo popular es base del ideario justicialista y Eva Perón su artífice, pero en convergencia y en unidad de concepción con lo formulado por Juan Domingo Perón, como bien señala en reiterados pasajes de sus textos (Perón, 1952). Pero es acaso una de las notas más salientes que el nacionalismo popular –como antecedente y fuente del Justicialismo– tenga un carácter profundamente antimperialista equidistante de los dos imperios de la época: el estadounidense y el soviético. En el caso argentino, la penetración imperialista y la dominación económica por parte de Gran Bretaña dominaron todo el período previo a los procesos de nacionalización económica desarrollados por el peronismo, y anteriormente por la Revolución del 4 de junio de 1943. Pero Eva Perón no tardó en advertir que el nuevo peligro para la región y para Argentina era el imperialismo estadounidense, fundamentalmente a partir del papel que jugó Spruille Braden en las elecciones de 1946. Esto es notorio en sus afirmaciones: “¿cuáles fueron las causas del peronismo? ¿Por qué Perón y el pueblo argentino decidieron unirse para tomar el gobierno de la Nación? Para liberarse del imperialismo y del fraude. Porque el pueblo estaba cansado de la gente que ocupaba el gobierno y había perdido la esperanza; estaba cansado del fraude y decidió formar con el coronel Perón una sola fuerza, para lograr sus justas reivindicaciones, pero también para liberarse de la oligarquía, del imperialismo y de los monopolios internacionales, sobre la base justicialista que después creara el general Perón” (Perón, 1952).

Si el ideario de Juan Domingo Perón como principal teórico e ideólogo del Justicialismo construyó la oposición Nación-imperio como superadora del antagonismo capital-trabajo, no significó esto que la cuestión social quedara por fuera de la consideración de su programa político. Muy por el contrario, la cohesión interna de las clases promovería la mejor defensa de la Nación frente a los imperios. En Perón, la perspectiva geopolítica no se encuentra escindida de la cuestión social. Pero será Eva Perón quien haga centro en la relación contradictoria entre las clases en Argentina, fundamentalmente la dicotomía oligarquía o pueblo. En este sentido, quien radicalizará la realización de la justicia social en el plano del pensamiento y la acción es fundamentalmente Eva, en consonancia con lo formulado por Juan Perón. Esta radicalización la conduce a formular posiciones claras y divisorias al momento de la acción política: “El peronismo, que no puede confundirse con el capitalismo, con el que no tiene ningún punto de contacto. Eso es lo que vio Perón desde el primer momento. Toda su lucha se puede reducir a esto: en el campo social, lucha contra la explotación capitalista. No se olviden ustedes el estado en que encontró el coronel Perón al pueblo trabajador cuando entró al Viejo Departamento Nacional del Trabajo, que para suerte de todos fue barrido de la historia del país, porque no había sido más que el trampolín de intereses mezquinos del capitalismo, ya sea internacional o nacional; creando la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuna del justicialismo. No pueden olvidarse ustedes que, desde esa Secretaría, al realizar el coronel Perón la dignificación del pueblo argentino, afianzó la soberanía de la patria. No puede haber pueblo soberano si el pueblo no es digno” (Perón, 1951). Este pasaje deja claramente expuesta la argumentación sostenida en este apartado. La política social y la asistencia social no pueden ni deben considerarse desde la simplificación que la historia oficial le atribuye al peronismo y en particular a la obra de la Fundación Eva Perón, que reduce la lectura de lo desarrollado por esa institución a meras acciones singulares puntuales caritativas, escindidas de todo un programa integral de desarrollo macrosocial, económico y político promovido y materializado desde el Estado. Así se profundiza la caricaturización y la atomización del ideario justicialista, quitando potencia a su carácter revolucionario. En Eva Perón, el Justicialismo es equidistante del Capitalismo y del Comunismo. Sin embargo, es enfática en esta afirmación: el Justicialismo es opuesto al Capitalismo liberal y su desdoblamiento fundamental en la época: el imperialismo. Por todo ello es que la historiografía posterior a 1955 construyó una individualización de la figura de Eva Perón y una fragmentación de las políticas asistenciales, que oculta todo el proceso de construcción de un nuevo orden. Esa construcción semiótica de escisión entre Juan Perón y Eva Perón y de individualización de sus acciones fue parte del desarme cultural de la ideología justicialista posterior a 1955, entendida la ideología como sistema de creencias que legitima un orden determinado: “Y Perón llegó a la siguiente conclusión. Si la revolución quiere salvar realmente al pueblo argentino, no deberá realizar simplemente la reforma política; deberá también llevar a cabo la reforma social que anule la acción del comunismo y la reforma económica que rompa el dominio capitalista. Esto era de vital importancia para la Patria” (Eva Perón, 1952).

La oposición nación-imperio es la central para el pensamiento nacional y popular y lo será para el Justicialismo. Sin embargo, en la clase citada, Eva Perón pone de manifiesto que la transformación del orden supone un proceso activo desde el Estado para las reformas políticas –como en el caso de la sanción de la Constitución Nacional de 1949– y económicas. Pero entre estas últimas son de vital importancia las políticas sociales y asistenciales para cohesionar a la Nación –continente del pueblo– frente a los imperios.

 

Conclusiones

La vasta obra de Eva Perón y la vitalidad de su pensamiento no pueden entenderse desde la fragmentariedad de las acciones de la Fundación Eva Perón. Su rol como mujer, dirigente y funcionaria ha dejado marcas en la historia argentina cuyas proyecciones continúan en el presente. Lo que se ha examinado en este texto es la complejidad del programa justicialista, pero también la construcción política e ideológica de Eva como aporte central. La redefinición de una acción social netamente orientada a derechos –y a derechos sociales–, la no objetivación del sujeto destinatario de las políticas y la materialización de la justicia social son medios para la construcción de un nuevo orden que coexiste con el anterior, pero donde éste quedará relegado a un plano secundario. Es bien clara la intencionalidad de Eva al querer sintetizar la cuestión nacional con la cuestión social, como partes de un mismo proceso. Incluso su radicalización contra la explotación capitalista deja a las claras que no puede haber lucha contra el imperio sin lograr estándares de vida equilibrados entre los distintos sectores de la sociedad argentina.

Lúcidamente, Eva refiere reiteradas veces que a la doctrina justicialista se le debe compromiso político y ético. La ideología –como sistema de creencias que validan, legitiman y consolidan un orden– en el ideario justicialista forma parte de un proceso reflexivo, pero a la vez sensitivo. El ser humano es integral, y así debe ser la revolución que dé cuenta de la multiplicidad de necesidades que deben ser cubiertas por el Estado en el marco de un sistema progresivo de ingresos y los caminos para su auténtica emancipación. La acción social de la Fundación Eva Perón continuará luego de su muerte y hasta el golpe de 1955, donde será destruida y saqueada por la restauración liberal oligárquica.

Sin embargo, el mayor triunfo del Justicialismo se dio en el campo de las ideas: nuevamente, lo construido desde las políticas sociales y la asistencial desde la Fundación Eva Perón, conjuntamente a su pensamiento político, han sido los medios a través de los cuales se rearme la resistencia y posteriormente un nuevo ciclo de control del gobierno en el período 1973-1976. Pensamiento, obra y proyección histórica han sido los legados de Eva Perón para el pueblo argentino, para su liberación y su emancipación.

 

Bibliografía

Ferioli N (1990): La Fundación Eva Perón. Buenos Aires, CEAL.

Hernández Arregui JJ (1952): Socialismo y Peronismo. Buenos Aires, Continente.

Perón E (1952): Historia del Peronismo. Buenos Aires, Fabro, 2016.

Perón E (1951): La razón de mi vida. Buenos Aires, Fabro, 2018.

Perón E (1952): Mi mensaje. Buenos Aires, Fabro, 2018.

Torre JC y E Pastoriza (2002): “La democratización del bienestar”. En Nueva

historia argentina, VIII. Buenos Aires, Sudamericana.

 

Miguel E.V. Trotta es licenciado en Ciencia Política (UBA), abogado (UBA) y magister y doctor en Trabajo Social y Política Social (Universidad Católica de San Pablo, Brasil). Es profesor investigador de grado y posgrado del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús y profesor investigador extranjero de la Universidad Federal de Sao Paulo (UNIFESP), y profesor investigador del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano (UNLa).

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