El 2020 no fue un año fácil para nadie y mucho menos para las mujeres: la pandemia produjo una demanda extrema de tareas de cuidados no remuneradas que se sumaron a la dificultad en el empleo y a la brecha salarial. En un año en que se puso en evidencia que a las mujeres todo nos cuesta el doble, logramos conquistar un derecho cuya ausencia era una deuda de la democracia: la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. También sancionamos la Ley de los Mil Días. A partir de esas conquistas, para este año surgen desafíos nuevos, como lograr su efectiva aplicación en todo el territorio nacional, que se suman a otros históricos: una ley integral de cuidados, la ley de cupo laboral trans, y accionar para prevenir y erradicar las violencias de género, y contra la violencia política.
Me refiero a la violencia política en particular, porque 2021 es un año electoral. Así como las mujeres llevamos adelante una triple jornada –en el hogar, en el trabajo y en la militancia–, estamos expuestas a una triple violencia. En una investigación realizada por Fundeco, Copppal y Ela durante la campaña de 2019 se detectaron las agresiones por género: la mayoría se refería al cuerpo y la sexualidad –“gorda”, “fea”– y a sus mandatos de género –“mala madre”, “infértil”.
También quiero referirme a las violencias en general. El femicidio de Úrsula, una joven de 18 años de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, nos volvió a movilizar. Así como salimos a las calles en el primer Ni Una Menos de 2015, cuando sucedió el asesinato de la adolescente Chiara Páez: en aquel momento, los medios todavía hablaban de “crimen pasional”, y a muchos comunicadores les parecía “normal” preguntar cómo había ido vestida Daiana García a una supuesta entrevista laboral de la que no regresó, o decir que Melina Romero era una “fanática de los boliches que abandonó la secundaria”. Desde entonces, algunas cosas han cambiado. Aunque falte mucho, el debate público ha ido evolucionando, de modo que cada vez está más claro que las mujeres no somos objetos, sino sujetos; que no somos de nadie, porque las personas no somos propiedades; que tenemos derecho a la paridad en todo ámbito en el que se tomen decisiones; que necesitamos autonomía económica para poder decidir; que el paradigma del patriarcado tiene que caer; y, principalmente, que no estamos solas, que somos potencia cuando hacemos red.
Pero el femicida y expareja de Úrsula tiene 25 años. Es, todavía, hijo del patriarcado. Es un joven formado en una sociedad que otorga a los varones y a las mujeres distintos niveles de poder, de importancia, de derechos; una sociedad en la que las mujeres no estamos en la foto: todavía no alcanzamos la paridad en la Cámara de Diputados, ni mucho menos en cámaras empresarias, sindicatos o ámbitos científicos; una sociedad en la que la brecha salarial de género es de más de un veinte por ciento, cifra que se eleva a treinta por ciento en la economía informal; una sociedad en la que las tareas de cuidado no remuneradas siguen recayendo mayormente en las mujeres; una sociedad en la que todavía la Educación Sexual Integral (ESI) no llega a todes; una sociedad que todavía cosifica a las mujeres.
Para dejar de criar varones violentos, tenemos que construir un nuevo paradigma con justicia social y en el que reinen el amor y la igualdad. Desde nuestro peronismo feminista sabemos que ese mundo nuevo se construye en cada una de las instituciones: en escuelas que formen en ESI; en educar nuevas masculinidades; en formar niñes que sepan que cualquier género tiene los mismos derechos que otro; en jóvenes que reconozcan formas diversas de familia; en personas que formen vínculos en los que todes sepan que son iguales; y en los tres poderes del Estado observando y actuando con perspectiva de género.
En el primer año de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner desde el Poder Ejecutivo se creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con el desafío que ello implica. Desde ahí se inició un Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género que incluye un abordaje integral, con decenas de medidas. Se reforzó la línea 144 durante la pandemia y se capacitó en perspectiva de género a funcionarias y funcionarias, como obliga la Ley Micaela. También se firmó el decreto que establece que las personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad deberán ocupar cargos en el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% del total de los cargos.
En 2020, en Diputados dimos dictamen al proyecto de Ley de Promoción al empleo formal para personas travestis y trans, que esperamos tratar pronto en el recinto. Es uno de nuestros desafíos del año, una ley necesaria para cambiar las vidas de un colectivo que vive sometido a violencias sistemáticas, no tiene derechos básicos como la salud o el trabajo, y tiene una esperanza de vida en torno a los 40 años. La ley es una herramienta para comenzar a reparar y abrir caminos.
En la pandemia, si algo quedó de manifiesto fue la enorme cantidad de tareas de cuidados que existen y que, principalmente, resuelven las mujeres. El hecho de que cuidar, barrer, hacer las compras o acompañar a niñes o a mayores sean tareas invisibilizadas produce una feminización de esas tareas y profundiza la pobreza de las mujeres y la brecha salarial. Por eso este año esperamos poder avanzar con una ley integral de cuidados. Hay varios proyectos al respecto y, desde octubre, una comisión de expertas creada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad trabaja en redactar un anteproyecto sobre cuidados. “Creemos que la desigualdad en los cuidados está en la base de la desigualdad de género”, dijo la ministra al presentar la iniciativa. Coincidimos en que es clave la corresponsabilidad en las tareas de cuidados.
Otro tanto sucede con las licencias por mapaternidad. Es tiempo de debatirlas, porque ya sabemos que el hecho de que sean desiguales no hace otra cosa que profundizar las diferencias respecto de las tareas de cuidados. Si los varones vuelven a trabajar dos días después de ser padres, ¿quién cuida? ¿Quién arropa? ¿Quién se ocupa del hogar? ¿Será que el supuesto ‘instinto’ maternal es más cultural que instintivo?
Sobre mucho de esto debatimos a fines del año pasado. Las personas con capacidad de gestar debemos poder elegir proyectos de vida. Las maternidades deben ser deseadas y tener la posibilidad de no ser. Sabemos que no alcanza con votar y ganar una votación en el tablero de Diputados. No termina allí la batalla, porque, claro, empiezan a aparecer las resistencias. En Chaco, la aplicación de la Ley 27.610 fue suspendida por una jueza; en Santa Fe denuncian trabas en el sistema de salud; en San Juan y Mendoza la venta de Misoprostol está prohibida en las farmacias; en Misiones, la mayoría de los médicos se inscribió en la lista de objetores de conciencia. La contraofensiva respecto a la no implementación de la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo será algo con lo que lidiar durante el año.
Hemos avanzado mucho en las últimas décadas, y lo hemos hecho aceleradamente en los últimos años. Estamos organizadas, sabemos que si estamos juntas no estamos solas. La perspectiva de género es un modo de ver el mundo que se educa, se cultiva, se aprende, se forma, se debate, se construye. Así como esa perspectiva nos permite ver mejor a lo ancho, cada peldaño que subimos –cada derecho que conquistamos, cada techo de cristal que rompemos– nos permite ver un poco más a lo largo. Sabemos lo que falta y estamos comprometidas a lograrlo, con un feminismo peronista y popular, y con políticas para mejorar la vida de las mayorías.
Cristina Álvarez Rodríguez es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.
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