La construcción de la ciudadanía en Bolivia (1826-2009)

Un recorrido por la historia de Bolivia desde su independencia hasta la Constitución Nacional del Estado Plurinacional de 2009

En el presente trabajo intento reflexionar en torno a la relación histórica entre la ciudadanía, el pueblo y la democracia en Latinoamérica y Caribe, tomando particularmente el caso de Bolivia y sus constituciones nacionales. Para abordar el tema he seleccionado tres pensadores que agrupo dentro del campo nacional y latinoamericano, los tres bolivianos: Franz Tamayo (La Paz, 1879-1956), Augusto Céspedes (Cochabamba, 1904-1997) y Álvaro García Linera (Cochabamba, 1962). Me propongo estudiarlos en sus reflexiones y nociones en torno a los conceptos que plantean en relación a la ciudadanía, el pueblo y la democracia. En una segunda instancia intentaré demostrar que buena parte de estas interpretaciones y sus significados se encuentra reflejada en el contenido del preámbulo de la Constitución Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009.

 

El problema de la ciudadanía en la historia de Latinoamérica y el Caribe

El problema de la ciudadanía en su relación con el pueblo y la democracia tiene raíces históricas relacionadas con una multiplicidad de aspectos. Intentaré demostrar que, fundamentalmente, el problema es resultado de una doble exclusión ejercida sobre “los pueblos” en la región: primero, una exclusión de los pueblos respecto a la historia oficial creada por los Estados Nación surgidos durante el siglo XIX; segundo, una exclusión de los pueblos respecto a las formas de representación política implementadas por estos Estados. Al mismo tiempo, el problema se relaciona estrechamente con los efectos generados por una colonización cultural y pedagógica que operó y opera vaciando el contenido de lo que significa ejercer la ciudadanía en esta región del planeta.

 

Los Estados Nación del siglo XIX en América Latina y el Caribe y la ciudadanía

Los Estados Nación en América Latina y el Caribe que surgieron durante el siglo XIX se basaron en una matriz de pensamiento político y económico liberal,[1] ilustrado[2] o iluminista que emergió en Europa luego de la Revolución Francesa. En este sentido, el periodo revolucionario en América, como en Europa tras 1789, se puede condensar en torno a la aspiración por la unidad de componentes heterogéneos, complejos y en muchos casos contradictorios. Esta homogeneidad ocultaba diferencias sociales, étnicas y políticas. Vale decir, aquello que es percibido como una cualidad y que aparenta derribar todas las diferencias entre los seres humanos en su obsesión por la igualdad, en el caso de Latinoamérica y el Caribe llevó a despreciar o pretender eliminar todas las barreras del pasado católico, español, indígena, colonial y monárquico. En este sentido, los imperativos de unidad e igualdad son concebidos como indisociables para las nuevas repúblicas americanas, comenzando a proyectar un imaginario de unidad e igualdad.

Para la historia de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, este imaginario muta y oculta las diferencias sociales y económicas de las sociedades americanas. Este imaginario se expresa en la idea de ciudadanía, que designaría la copertenencia a un mundo de pares (Rosanvallon, 2007) y que se simboliza, por ejemplo, en el ejercicio del sufragio universal.

El inicio de la contemporaneidad europea habla del origen de la ciudadanía. Sin embargo, en América Latina y el Caribe la mayoría de sus habitantes no podían elegir a sus representantes, ni podían gozar de una ciudadanía plena. Como señala el historiador brasileño José Murilo de Carvalho (1995), para que sea posible ejercer la ciudadanía se deben cumplir tres elementos: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Para precisar: los derechos civiles son los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley. Permiten que el ciudadano o la ciudadana tengan la posibilidad de viajar y mudar de domicilio, de elegir un mejor trabajo, de expresar el pensamiento propio; la garantía de que sólo la autoridad judicial competente puede dictar, según lo disponga la ley, una orden de aprehensión; o la seguridad de que nadie puede ser condenado sin proceso legal regular. En definitiva, son derechos cuya garantía depende de la existencia de una justicia independiente, eficaz y al alcance de todos. Son estos derechos los que posibilitan la existencia de una sociedad civil.

Los derechos políticos refieren a la relación entre todos los habitantes de un territorio y el sistema político que existe en él, el grado de participación verdadero de la población, su representación y su expresión en el gobierno. Se ejercitan por medio de la posibilidad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de discutir problemas de gobierno, realizar manifestaciones políticas, organizar partidos, votar o ser votados o votadas. La mayoría de las veces, cuando se habla de los derechos políticos sólo se mencionan las elecciones.[3] Sin la existencia de los derechos civiles, sobre todo sin libertad de opinión, difusión, organización y manifestación, los derechos políticos tienen un alcance muy limitado, quedan vacíos en su contenido, sirviendo más para justificar a los gobiernos que para representar a sus ciudadanos y ciudadanas.

Los derechos sociales garantizan la participación de todos los ciudadanos y las ciudadanas en la riqueza colectiva: incluyen el derecho a la educación, el trabajo, el salario justo, la salud, la jubilación, la libre elección e igualdad entre los géneros, etcétera. Los derechos sociales son los que permiten que las sociedades políticamente organizadas puedan reducir la desigualdad y garantizar a todos un nivel aceptable de bienestar: la idea central se basa en la justicia social.

En síntesis, desde esta perspectiva, cualquier observador o estudioso de la historia de nuestra región puede dar cuenta que para los y las habitantes de América y el Caribe la ciudadanía plena llegó –cuando llegó– recién hacia mediados del siglo XX, con las primeras democracias con verdadera representación popular.

 

La historia de la ciudadanía en Bolivia desde las lecturas de Frank Tamayo, Augusto Céspedes y Álvaro García Linera

La República de Bolivia nace en 1825, luego de una serie de sublevaciones indígenas de larga data y levantamientos de sectores indígenas, campesinos y mestizos iniciados en la primera década del siglo XIX contra la dominación española: los más renombrados fueron los de Tupac Amaru y Tupac Katari entre 1780 y 1784. El proceso final de la lucha emancipadora estuvo a cargo de los ejércitos libertadores que venían desde donde habían estado los virreinatos de Nueva Granada –actuales territorios de Colombia, Ecuador y Venezuela, conducidos por Simón Bolívar (Caracas, 1783-1830) y José Antonio de Sucre (Cumaná, 1795-1830)– y del Río de la Plata –José de San Martín (Yapeyú, 1778-1850).

El territorio en el que surge la República era anteriormente parte de la antigua jurisdicción colonial de Charcas, dependiente del Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires desde 1776. El territorio de la actual Bolivia estaba situado en el periodo hispánico en un punto estratégico a nivel regional, ya que, desde la ciudad del Potosí, con su minería de plata, se extendía hacia el Pacífico y el Atlántico el principal circuito comercial de la América del Sur en la época colonial. En este sentido, Álvaro García Linera sostiene que Bolivia, enclavada en el centro de Sudamérica, fue concebida por Simón Bolívar como un Estado “colchón” entre las elites de las ciudades-puerto Buenos Aires y Lima, por entender el peligro posible para la Gran Colombia en caso de que los porteños anexasen estos territorios. De allí la iniciativa del Libertador por desprender a Bolivia de la Gran Colombia, separación que supuso para la nueva república cierta estabilidad, signada por la conservación de las elites locales propietarias de haciendas como de letrados y funcionarios del viejo sistema colonial que lograron perdurar en sus puestos administrativos, mientras que los sectores populares quedaban relegados como en el periodo colonial. “Entre 1825 y 1870, años que marcaron el primer ciclo proteccionista, la economía boliviana se sostuvo sobre una débil actividad minera y artesanal resultante de la decadencia secular de la economía colonial, sobre el régimen de hacienda en valles y en el altiplano que usufructuaba las pequeñas economías campesinas cautivas, y sobre las comunidades tradicionales que aún preservaban parte de sus tierras. […] El trabajo artesanal de telas de lana y algodón se hallaba en retracción por la ruptura de los antiguos circuitos comerciales coloniales y su posterior traspaso a manos de las nuevas repúblicas” (García Linera, 2006: 206).

Como puede observarse, la independencia significó para las economías regionales, campesinas y de tradición indígena de Bolivia, una serie de transformaciones negativas. Álvaro García Linera habla de un “traspaso a manos de las nuevas repúblicas” de la rentabilidad de los circuitos tradicionales en manos de las comunidades, vale decir, la nueva república con sus instituciones –Estados, no sólo excluyen a las comunidades indígenas y campesinas bolivianas del campo de decisiones políticas, sino que con su aparición estas instituciones desestructuran todo el funcionamiento preexistente de estas comunidades, como lo señala el mismo autor en uno de sus libros (García Linera, 2010).

 

Tributo indígena y ciudadanía en Bolivia, 1826-1900

El ejemplo más característico de la exclusión política de las mayorías en Bolivia se produce al observar la historia del tributo indígena, que era el impuesto que los naturales de América pagaban a la corona española por su condición de vasallos libres, y fue restaurado por la nueva república boliviana. Había sido abolido en la región de la cordillera con la llegada del libertador José de San Martín en 1821 (Irurozqui, 1999) a Lima, aunque luego no pudo sostenerse. En el “Alto Perú” la situación fue similar. Con la llegada de Antonio Sucre y bajo la orden de Simón Bolívar se dictaron una serie de decretos entre 1824 y 1825 que afectaban el sistema de autoridades y de tenencia de la tierra de la población indígena. Los libertadores pensaban reemplazar la tributación indígena por un impuesto directo a todos los habitantes de la República, bajo la consigna de que los españoles “habían impuesto a los pueblos excesivas contribuciones” para enriquecerse sin trabajar, y se hacía imprescindible encontrar un sistema contributivo que solucionase el gasto público “con el menor gravamen de los ciudadanos”.[4] En el mismo tenían que participar todos los habitantes, ya que si el gobierno debía “proporcionar la más grande libertad a la industria para que los ciudadanos tengan más comodidades”, ellos debían de un modo u otro “concurrir a las erogaciones de la nación”.[5] De ese doble razonamiento resultó la decisión de Sucre de sustituir todos los impuestos, y con ellos el tributo indígena, por una única contribución directa. La medida no fue bien recibida. Los argumentos en su contra fueron variados. En unos casos se consideraba que esta imposición era superior a las exigidas durante el periodo colonial; y en otros que en los gobiernos libres no se debían pagar contribuciones, siendo los más aquellos que se negaban a aceptarla porque les convertía en tributarios “como a los indios”.[6]

A pesar de la tentativa de Bolívar y Sucre, con su objetivo de equilibrar las condiciones jurídicas, impositivas y de ciudadanía entre los habitantes de la nueva república, una vez consolidada militarmente la separación de España con la victoria de Ayacucho y la capitulación del fuerte del Callao, en el año 1826 fue restaurada la contribución de indígenas y castas, como parte de un proyecto más vasto de reforma fiscal emprendido por los sucesivos ministros de Hacienda. En este caso queda en evidencia cómo la instauración de la República y la aparición de la ciudadanía no implicó la verdadera vigencia de los elementos que constituyen a una república, y menos aún de las condiciones necesarias y básicas para el ejercicio de la ciudadanía. El reconocimiento de la tributación indígena acentúa las diferencias: peor aún, las traduce en una tributación al Estado “criollo”. ¿Cuál eran las razones de su existencia durante la época independiente? En parte, el fortalecimiento de la separación entre la mayoría de la población, mestiza, campesina e indígena que tributa, de aquellos que no lo hacían. ¿Quiénes eran estos sectores? Lo conformaban hacendados y dueños de las minas “criollos” que habían hechos sus riquezas durante la época colonial. Por otro lado, la tributación indígena respondía también a las necesidades económicas de la flamante república boliviana, endeudada y en crisis. En síntesis, los indios y mestizos no sólo debieron pagar con su propia sangre en los ejércitos libertadores de San Martín, Sucre y Bolívar por la emancipación, sino que también, en el periodo independiente, debieron sostener a los sectores criollos –hacendados y mineros– que se habían apropiado del Estado.

Destaco en este punto que la exclusión no fue únicamente discursiva o jurídica, sino que en la práctica fue la respuesta de las elites criollas a los levantamientos y los proyectos de los movimientos indigenistas, desarrollados principalmente entre 1780 y 1809. Como ha sido trabajado por varios autores (Albó, 2006; Gordillo, 2000; Gotkowitz, 2011; Ticona, 2005 y 2003; Mendieta, 2008 y 2009), hay que considerar que el derrotero de estos movimientos comprendió persecuciones, torturas, masacres, quita de derechos y peores condiciones de vida para los sectores indígenas y campesinos de Bolivia, constituyéndose como un verdadero telón de fondo sobre el cual fueron redactadas las primeras constituciones bolivianas durante el siglo XIX. El resultado de estas luchas acentuó la búsqueda por parte de las elites de un mayor control de los grupos indígenas, condicionando la exclusión del ejercicio de la ciudadanía plena, aunque por otra parte eran incluidos en el sistema impositivo del nuevo Estado republicano. Dice Álvaro García Linera (2006: 207): “El tributo indígena, instaurado en el periodo colonial, pese al intento de ser abolido al fundarse la República, nuevamente fue restituido ante la incapacidad estatal de establecer un sistema impositivo estable relativo a los ingresos personales o a la producción manufacturera. Hasta la década de 1880, el tributo indígena sobre la propiedad comunal de sus tierras llegó a representar entre el 35% y el 60% de las rentas del Estado”.

Ahora bien, en este punto cabe preguntarse –tal como lo hace la historiadora Marta Irurozqui– si la tributación se esgrimió como un argumento para el voto o, por el contrario, el pago del tributo fue la prueba de la no calidad moral del individuo para ejercer de ciudadano. Como demuestran los trabajos de Irurozqui (1999), Fernando García Yapur (2014) y el mismo García Linera, si bien la documentación oficial apunta a que el único impedimento de los indígenas para ser considerados como ciudadanos fue el analfabetismo, la práctica resulta más problemática. No saber leer y escribir en castellano no fue siempre un escollo para la ciudadanía. Dice Irurozqui (1999: 706): “A juzgar por las discusiones recogidas en los redactores de las Cámaras de los Senadores y Diputados, la participación de los indígenas en calidad de ciudadanos estuvo matizada por criterios relativos a cómo se comprobaba la situación económica y laboral de los posibles votantes, a qué valor se daba a la condición de tributarios poseída por la mayor parte de los indígenas, qué situación jurídica tenían respecto a la tierra y a qué categoría indígena pertenecían”.

En síntesis, el tributo indígena, además de servir como instrumento para el reforzamiento de las diferencias sociales y económicas preexistentes de la época colonial, sirvió como un modo de caracterizar y designar quiénes eran aquellos que podían ejercer el derecho a votar entre los indígenas. Los sectores que se terminaron apropiando del poder político –elites locales propietarias de haciendas en los valles centrales, letrados y antiguos funcionarios del antiguo sistema colonial– eliminando a los líderes revolucionarios de Bolivia, como el caso de Antonio de Sucre, dispusieron de las instituciones del Estado, pero para su beneficio exclusivo. Extrañamente, con este recorrido marcado por la exclusión y la marginación de la mayoría de la población respecto al ejercicio pleno de la ciudadanía, si se realiza una historia de las constituciones se encuentra que Bolivia desde su independencia ha tenido una excepcional historia en materia constitucional: durante el siglo XIX se han sancionado 12 constituciones, contabilizando 19 constituciones hasta la última de ellas, sancionada en 2009. Entonces, ¿si las constituciones no respondían a una ampliación de derechos para las mayorías, a que respondían? ¿Por qué se modificaba o se renovaba la constitución de Bolivia?

 

Cuadro 1: Las 19 constituciones de Bolivia (1826-2009)[7]

Año Gobernante Principal característica de la constitución
1826

 

Redactada por el Libertador Simón Bolívar. Aprobada por el presidente Antonio José de Sucre Da nacimiento constitucional a la República de Bolivia con los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. Fueron creados los poderes Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y reconocía a la religión apostólica y romana como única. El Legislativo estaba formado por Tribunos, Senadores y Censores, mientras que la Presidencia tenía un carácter vitalicio.
1831 Mariscal Andrés Santa Cruz Incorpora en la división territorial a las provincias Litoral y de Tarija, y divide los poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Incorpora el bicameralismo –Representantes y Senadores– y la elección del presidente por un período de cuatro años, pudiendo ser reelecto.
1834 Mariscal Andrés Santa Cruz Ratifica que la “nación boliviana es para siempre libre e independiente”. No establece cambios significativos, pero establece que cada dos años, el 6 de agosto, se reunirá el Congreso bicameral en la capital de la República. No se menciona al Poder Electoral.
1839 Mariscal Andrés Santa Cruz

 

Rige la Constitución Política del Estado y en el inicio reafirma el Congreso Constituyente de Bolívar y establece una posición contraria al proyecto “de la supuesta Confederación Perú Boliviana”, que propugnó el Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana en octubre de 1836.
1843 José Ballivián Bolivia comprende los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Paz de Ayacucho, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni y distrito Litoral de Cobija. Establece que la gestión del presidente durará ocho años, “contados desde el día en que tome posesión, no pudiendo ser reelegido hasta que haya pasado un periodo constitucional”.
1851

 

Manuel Isidoro Belzu Establece que la enseñanza es libre, sujeta solamente a las condiciones de capacidad y moralidad. Establece que el presidente de la República ejerce funciones por cinco años y no podrá ser reelecto si no después del intervalo de cinco años.
1861 José María Achá Valiente Anula la pena de muerte con excepciones en casos de asesinato, parricidio y traición a la Patria. El período constitucional del presidente es de tres años, no pudiendo ser reelecto si no pasado un periodo. Establece que el Poder Legislativo se ejerce por una Asamblea unicameral formada por diputados.
1868

 

Mariano Melgarejo Retoma la cámara de representantes y de senadores. El período constitucional del presidente dura cuatro años, con derecho a reelección por otro periodo, y no habla del intervalo de un período.
1871 Agustín Morales Hernández Determina la anulación de la esclavitud y que “todo esclavo que pise el territorio boliviano es libre”. Retoma la Asamblea como Poder Legislativo, constituido por diputados. Fija que el presidente dura cuatro años y no puede ser reelecto si no ha pasado un período. Abole la pena de muerte con excepciones en casos de asesinato, parricidio o traición a la Patria.
1878

 

Hilarión Daza Separa el concepto de Ciudadanía. Suprime el Consejo de Estado y fija los alcances del Régimen Municipal con las instalaciones de concejos en capitales de departamentos y provincias. Elimina la potestad para cada boliviano de portar armas.
1880 Narciso Campero Reconoce a la religión católica, apostólica, romana, pero permite el ejercicio público de todo otro culto. Incorpora dos cámaras en el Legislativo, de Senadores y de Diputados.
1938 Germán Busch Fija un período de cuatro años para el presidente de forma “improrrogable”. Podrá ser reelegido pasado un mandato constitucional. Reivindica el “dominio originario del Estado” sobre “todas las sustancias del reino mineral, las tierras baldías con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como todas las fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento económico”.
1945

 

Gualberto Villarroel Define que la gestión del presidente y el vicepresidente es de seis años improrrogables. Para “las Municipalidades se reconoce el derecho de elección y elegibilidad a la mujer boliviana”.
1947 Mamerto Urriolagoitia Reduce el mandato del presidente a cuatro años y mantiene el voto de la mujer en elecciones municipales.
1961

 

Víctor Paz Estensoro Fue la primera vez que el Congreso, sin facultades constituyentes, sancionó una Carta Magna. Incorporó las medidas emergentes de la Revolución de 1952, como la nacionalización de las minas, el sufragio universal, la reforma agraria, la reforma educativa y el régimen de seguridad social.
1967 René Barrientos Establece que el mandato presidencial es de cinco años, con reelección transcurrido un período de gobierno. Establece que el Congreso Nacional se reúne ordinariamente cada año en la Capital de la República, el día 6 de agosto. Prohíbe que las funciones del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial, sean reunidas en el mismo órgano.
1994 Gonzalo Sánchez de Lozada, Se promulga en el gobierno de Carlos Mesa Establece el carácter multiétnico y pluricultural en una República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos. Establece el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo. La Carta plantea una innovadora forma de que el pueblo delibere a través de tres mecanismos que impulsaron la democracia participativa: la Asamblea Constitucional, el Referendo y la Iniciativa Legislativa Ciudadana. Además, se dispuso el fin del monopolio de los partidos políticos como mecanismos únicos de postulación de candidatos, con la incorporación de las agrupaciones ciudadanas y de pueblos indígenas en las contiendas electorales. Se limita la inmunidad parlamentaria solamente al ámbito penal.
2009 Evo Morales Establece un Estado democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y a 36 comunidades. El Estado es independiente de la región, incorpora a los símbolos patrios la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú. Establece una democracia directa y participativa; prohíbe y sanciona la discriminación; reconoce la justicia comunitaria; cambia el denominativo de Congreso por Asamblea Legislativa; fija una gestión de cinco años con una reelección continua; constituye el cuarto poder, el Órgano Electoral; crea la procuraduría; constitucionaliza la demanda marítima; prevé que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo e indivisible, entre otros.

 

Como lo demuestra el cuadro, si bien la independencia se produce el 6 de agosto de 1825, día en el que se redacta el acta de la independencia de Bolivia, su primer texto constitucional data de 1826. Este texto dio inicio a una larga lista de textos constitucionales que respondieron a determinados tiempos y procesos políticos, desde la primera Asamblea de 1826 que ejerció el poder constituyente “originario” para la creación del nuevo Estado, hasta el último proceso constituyente que se instaló en 2006 y terminó redefiniendo las estructuras del viejo Estado republicano en 2009, año en el cual entró en vigencia la actual Constitución que dejó de lado el histórico Estado Republicano y refundó lo que hoy se denomina Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario.

Al recorrer su historia, se puede afirmar que la sanción de constituciones en Bolivia –descontando los tres casos especiales de la primera asamblea constituyente, la constitución de 1961 tras la Revolución Nacional de 1952 y la de 2009, tras “la guerra del agua”– expresaba una suerte de legitimación o legalización de golpes institucionales realizados por “nuevas” facciones políticas estrechamente vinculadas a ciertos sectores del poder económico, que por diversas razones –crisis económicas, derrotas en guerras con países vecinos, golpes cívico-militares, ascenso político de nuevos sectores del poder económico– llegaban al gobierno. En estos procesos –salvo los tres casos destacados– los sectores sociales mayoritarios que habitaban el territorio boliviano quedaron al margen de la toma de decisiones políticas –de la ciudadanía– y tampoco decidieron sobre las opciones económicas que tomaron los sectores que detentaron el poder político durante el siglo XIX y buena parte del XX.

Como ya se ha mencionado, tras la independencia, el sector minero de la plata se constituyó como el sector dominante en materia económica del país. De este sector, que en apariencia es el más modernizado de la economía boliviana, emerge el Partido Conservador, como señala el historiador chileno Fernando Mires (1988), a diferencia de lo ocurrido en otras repúblicas de la región, donde los conservadores se identificaban con el pasado colonial. En Bolivia “los modernos” –en el sentido de ser los sectores que se conectan y logran altísimos beneficios económicos vinculándose con el mercado mundial– son los conservadores. Dos grandes problemas llevan al fin de los gobiernos conservadores: la derrota en la “Guerra del Pacífico” (1879-1883) contra Chile, que lleva a que Bolivia pierda su salida al mar; y la derrota frente al Brasil en la llamada “Guerra del Acre” (1899-1903) que significó, además de la pérdida de un enorme territorio, la apropiación por parte de Brasil de los recursos auríferos y madereros, principalmente el del árbol del Caucho que –a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX– fue muy importante para la industria del automóvil y el transporte.

El principal beneficiado fue el partido opositor, el Partido Liberal, que era la expresión de una nueva coyuntura económica internacional, en donde el poder económico de Bolivia pasó a manos de los llamados “barones del estaño”, entre 1900 y 1920. Durante este periodo, ese metal sustituye a la plata como principal fuente de divisas, y su exportación fue el motor del desarrollo económico. Son gobiernos fraudulentos los elegidos por estos “barones del estaño”, que administran el Estado con medidas que involucran también a sectores del capital extranjero relacionados con los ferrocarriles y el sector de las finanzas.

Ambas facciones, conservadores –sector minero de la plata– y liberales –barones del estaño–, dirigen una democracia parlamentaria –precaria, exclusiva, fraudulenta y restrictiva– en donde la mayoría de la población queda excluida. Esta democracia perduró hasta la Revolución Boliviana de 1952. Al respecto afirma Álvaro García Linera (2006: 198): “Una característica de la posterior institucionalidad [luego de la independencia] republicana radica en que los sectores populares quedaron al margen de su formación. En el caso de los pueblos indígenas, que constituían el 90% de la población total, sus elites políticas habían sido destruidas tras el intento de emancipación y formación de una república indígena aymara dirigida por el caudillo Tupac Katari en 1781, mientras que en otros sectores populares de pequeños propietarios que habían participado en las guerras de guerrillas contra los españoles, de sus más de cien líderes regionales, sólo tres quedaron con vida para participar en el momento fundacional del Estado”.

Franz Tamayo (1910: 34) en este sentido escribe: “El Estado existe para el indio sólo en las formas más odiosas y más duras. Son impuestos legales que no se acuerdan con la dignidad personal; es la exigencia de servicios especiales y generales, sin tasa y sin orden; es la imposición de precios inequitativos, cuando el Estado merca con el indio; es el confinamiento absoluto de la raza a cierto género de trabajos que se consideran inferiores, aunque no lo sean, pero que devienen tales por la fuerza de opinión; es su exclusión de la cosa pública, exclusión justificada aparentemente por la notoria impreparación en la que se mantiene al indio; es, por fin (y esto es lo más grave y es el mal central), la atmósfera ingrata del odio real y de ficto desprecio en el que el colono español y el blanco republicano han envuelto y envuelven a la raza”.

En uno de sus libros, Salamanca o el metafísico del fracaso, Augusto Céspedes, en la misma línea que García Linera y Franz Tamayo, escribe sobre las estructuras políticas que sostenían la exclusión de las mayorías a mediados del siglo XX: “Tal constancia de la frustración de los ideales de la postguerra induce a pensar que, acaso, sin la guerra, el proceso revolucionario habría surgido lo mismo, para pasar por análogas frustraciones en su intento de cambiar el régimen colonial y apenas demoler ciertas estructuras que se caían de anacrónicas. Al influjo de la evolución social, la juventud que formó el Movimiento Nacionalista Revolucionario –al que se ha arraigado teóricamente en la guerra del Chaco– sin necesidad de esa infecunda experiencia podía haber llegado a las soluciones que dio: reforma agraria, incorporación de los indios a la política nacional y expropiación de las minas de Patiñó, Aramayo y Hochschild, imperativos de la existencia nacional y del Estado moderno. Fueron aplicadas en 1952, después del desorden de la postguerra, desorden del que la Rosca destiló nuevas tácticas y acomodos, cambiando presidentes revolucionarios con reaccionarios, para seguir manteniendo su status de privilegio. La revolución nacional fue más efecto de la guerra civil que de la guerra internacional” (Céspedes, 1973: 109).

Este último párrafo de Augusto Céspedes nos introduce en otro tipo de problemas o reflexiones relacionadas con la construcción de la ciudadanía en Bolivia. ¿Cuándo las mayorías indígenas pueden ejercer la ciudadanía? ¿Qué relación guarda esta participación con la Guerra del Chaco? Y, por último, ¿de qué formas fueron incluidos los indios en el ejercicio de la ciudadanía en Bolivia? Álvaro García Linera propone una serie de explicaciones para estas preguntas.

 

Las tres ciudadanías –de casta, corporativa e irresponsable– y la verdadera ciudadanía boliviana surgida en 2009

En 1999, diez años antes de la sanción de la constitución vigente hoy en Bolivia, se publicaba un artículo de Álvaro García Linera en la Revista Ciencia Política de La Paz. En este texto, el exvicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia se pregunta “cómo surge un ciudadano”: “Básicamente, cuando un conglomerado de individuos vinculados por múltiples lazos de interdependencias supone que sus prerrogativas políticas están incorporadas en la normativa estatal y la practican en ese entendimiento. Se trata de una eficiencia entre la vida civil y la manera de proyectarla como vida política, como vida compartida y gestionada con otros”. En este sentido, para García Linera la única ciudadanía plena se verifica cuando la sensibilidad colectiva se convierte en un hecho estatal. ¿Cuándo se puede constatar esto? Cuando los sectores sociales que integran el territorio se convierten, verdaderamente, en sujetos políticos. ¿Cuándo ocurre esto? Para García Linera, las formas republicanas, con sus constituciones, leyes y parlamentos, no explican con su existencia la posibilidad “en sí” del ejercicio de una ciudadanía plena por parte de los sujetos que integran el territorio. Aunque la ciudadanía expresa un conjunto de derechos políticos reglamentados y ejercidos por los individuos –ciudadanos y ciudadanas– de un determinado espacio social y geográfico, su sustancia no es una ley, un decreto o una sanción. “Ley y sanción sólo regentan una sustancia social, producida en lugares más prosaicos y poderosos como la aglomeración, la rebelión, la derrota o la muerte vividas en común”. Desde esta perspectiva, la invención de la ciudadanía plena –o, como dice García Linera, “la ciudadanía de masas”– en Bolivia se dará recién después de los cincuenta mil muertos de la Guerra del Chaco y de la Revolución de abril de 1952, que se interconectan “en la tragedia y en el destino”: “personas que habían vivido la patria como una prolongación de la hacienda, la mina o el ayllu. La ley, pálida transcripción de estos sucesos, evocará a la larga los fuegos primigenios de las relaciones de fuerza, de los pactos, las osadías y servilismos que dieron lugar a los ‘derechos’, mas no será capaz de sustituirlos” (García Linera, 2008: 113). En definitiva, el ciudadano no es un sujeto con derechos, aunque necesite de ellos para verificar su ciudadanía. Ante todo, es un sujeto que se asume con derechos políticos que son correspondidos por la normativa estatal. Es un sujeto en estado de autoconciencia de sus facultades políticas. En cierta medida, para García Linera, no son los textos constitucionales, sino los procesos histórico sociales los que conceden la autoconciencia necesaria para que el habitante de un territorio se convierta en un ciudadano pleno. En este sentido, la ciudadanía requiere de un ininterrumpido ritual de seducción y vínculo entre el Estado y quienes lo habitan, además de una cantidad de fluidos pactos y compromisos en su interior.

En la historia de la ciudadanía en Bolivia, García Linera reconoce hasta 1999 tres momentos de construcción de ciudadanía. El primero se relaciona con la que llama “ciudadanía de casta”, cruzada por la tributación indígena, el racismo y el sector minero de la plata y el estaño, y que entre 1825 y 1952 se manifiesta en un Estado republicano de exclusión, en donde por múltiples mecanismos coactivos y represivos buscó silenciar y borrar toda expresión comunal y popular. “La ciudadanía se presenta, entonces, como una descarada exhibición de la estirpe; no se hacen ciudadanos sino que se nace ciudadano, es un enigma de cuna y abolengo; su realización es sólo un problema de madurez biólogica, porque el apellido es aquí la garantía de los derechos políticos” (García Linera, 2008: 137).

El segundo momento se inicia tras la Revolución Nacional de 1952, y es la que llama “ciudadanía corporativa”. “Fue un momento de la historia en que los códigos enmudecieron, los viejos prejuicios señoriales parecieron desmoronarse y el linaje dejó de ser suficiente argumento para conservar el monopolio de la gestión de interés colectivo (García Linera, 2008: 139)”. La ciudadanía que emerge luego de la Revolución de abril de 1952 es la expresión de una sociedad que decide intervenir sin pedir permiso, es también la consecuencia del fracaso de un Estado oligárquico que ha sido militarmente derrotado. Trabajadores de origen mestizo e indio, armados, recorren las calles, toman fábricas y bancos. Tienen una ambición democrática en el sentido de buscar que el Estado sea la expresión real de las voluntades de los sujetos que representa. Sin embargo, para García Linera, la Revolución de 1952 no logró establecer un vínculo perdurable entre el Estado y las masas populares: los trabajadores y campesinos indígenas que participaron de la rebelión luego no se interesaron por los asuntos de gobierno. Sí continuaron ejerciendo una ciudadanía plena, pero no en relación con el Estado, sino que luego de la Revolución el ejercicio de esta ciudadanía se dio únicamente en sus sindicatos.

El tercer momento, es el que denomina “ciudadanía irresponsable” y en parte es el resultado final y posible del momento anterior. Los logros en materia de participación y ampliación de la ciudadanía tras la Revolución de 1825, materializados en la Constitución Nacional de 1961, se detienen con las dictaduras militares entre los años 1964 y 1985. A partir de 1986, si bien se produce la “vuelta al sistema democrático”, para García Linera se inicia un proceso de mutilación de todos los últimos logros que pervivían aún de la revolución de 1952. “La consolidación del voto como mecanismo de elección de los gobernantes, la continuidad reglamentada del sistema de partidos, los pactos de gobernabilidad y en fin toda esa parafernalia de compromisos administrativos entre las elites adineradas y arribistas portadoras de capitales simbólicos y culturales, estructuran el moderno mercado de fidelidades políticas llamado democracia. Paradójicamente, no se trata de una ampliación de los derechos ciudadanos, de una democratización de nuevos espacios sociales, sino precisamente de una sutil mutilación de derechos sociales adquiridos en las últimas décadas” (García Linera, 2008: 144). ¿Por qué afirma esto? Porque con la vuelta de la democracia el partido gobernante, el Movimiento Nacional Revolucionario, con presidentes como Víctor Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Banzer y Quiroga, se iniciaron una serie de medidas devastadoras para la sociedad boliviana: liberalización del mercado, privatización de empresas públicas, desregulación laboral, despido de trabajadores y cierre de empresas.

En el año 2000 se radicalizan las protestas que ya existían desde mediados de los años 90, fundamentalmente de los productores de hojas de coca, la confederación de campesinos de las tierras altas, en síntesis, se levanta todo el pueblo aymara. En paralelo a estas protestas surgen otras, que expresan el resultado terrible de las medidas neoliberales tomadas por el MNR. A estas rebeliones se les sumó luego el problema de la iniciativa del gobierno por privatizar el agua, recurso básico y central de las economías indígenas y campesinas en Bolivia, además de tocar un sistema muy complejo relacionado con el uso y la distribución del agua que encadena la vida colectiva y comunitaria desde hace siglos. A la guerra del agua le sucedió un mes de bloqueo de carreteras en Bolivia. En estas luchas emergieron líderes como Evo Morales del Chapare. Finalmente, dos años después, hubo otro levantamiento en la ciudad de El Alto. Los alteños se sublevaron con el apoyo del movimiento campesino indígena de las tierras altas y de las tierras bajas. El presidente Sánchez de Losada, buscando retomar su presencia, ordenó la represión, con un saldo de más de sesenta y siete muertos, entre los cuales hubo mujeres y niños. Estos asesinatos determinaron el levantamiento del resto de la población no campesina, no indígena, mestiza, urbana, profesional y de clase media, que causó la huida del gobierno de Sánchez de Losada. Siguiendo la periodización que plantea García Linera, la crisis estatal generó el fin de un tipo de Estado neoliberal, de tradición oligárquica. Las luchas para dar fin a este tipo de Estado permitieron a los bolivianos y las bolivianas sentar las bases de una nueva ciudadanía, una ciudadanía plena, en donde los liderazgos pasaron a ser nacionales y populares, expresados en las figuras de Evo Morales y el mismo Álvaro García Linera. Este nuevo proceso iniciado hacia fines de la década del 90 se solidifica con la redacción de una nueva constitución en 2009. Como dice García Linera (2010): “Un nuevo tipo de Estado plurinacional, autonómico y con una economía social comunitaria. Un Estado complejo”. ¿Por qué dice esto? Porque en él se plasman las nociones expresadas por los autores citados: un Estado que asume la complejidad de contener a ciudadanos y ciudadanas que ejercen la ciudadanía plena, que en la práctica no es más que dar el poder de decidir sobre cuestiones políticas a las organizaciones comunales o barriales, las corporaciones de trabajadores y trabajadoras, las cooperativas y toda expresión colectiva boliviana. En síntesis, un Estado que tiene muy poco de los clásicos Estados occidentales modernos.

 

A modo de cierre

El preámbulo de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia sancionada en 2009 es probablemente la mejor expresión de cómo una sociedad entiende que es posible ejercer una ciudadanía plena en la actualidad, y en Bolivia: “En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora que han hecho posible esta nueva historia”.

 

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[1] El liberalismo al que hago alusión refiere a la doctrina política que sostiene como principios fundamentales la propiedad privada y la libertad individual. En materia de política económica, propone un Estado limitado, restringiendo o desechando toda intervención del Estado en la vida social, cultural y económica. En este sentido, en las sociedades en donde el modo de producción capitalista es hegemónico, el liberalismo tiende a perpetuar las diferencias entre los sectores sociales que la integran.

[2] Por iluminismo o ilustración considero al movimiento espiritual, intelectual, cultural y político surgido durante las revoluciones burguesas de mediados del siglo XVIII. Lo comprendo como el basamento ideológico y conjunto de significados propuestos por la burguesía europea frente a su contrario, integrado por las monarquías, el clero y la nobleza. En este sentido, si bien el iluminismo o ilustración sostuvo como universales sus principios fundamentales: conciencia basada en la razón, confianza en el pensamiento del ser humano, libertad, dignidad, autonomía y emancipación y felicidad del ser humano, en realidad sólo buscaban ser expresiones para los sectores burgueses de la Europa central. Para los demás países estos principios no sólo fueron negados, sino que, en aquellos lugares en donde existían, las mismas burguesías imperialistas europeas se ocuparon de eliminarlos.

[3] Vinculados con el tema se han realizado trabajos en los últimos veinte años, marcadamente influenciados por rastrear la historia de los procesos de elección y representación en América Latina y el Caribe tras la vuelta a la democracia en la región. Sobre participación, elecciones y la relación entre el Estado y la ciudadanía, encuentro estudios de historiadores, filósofos, antropólogos y politólogos de diferentes países latinoamericanos. Por mencionar el caso donde en un mismo trabajo participan autores de diferentes países, está el caso del libro coordinado por la historiadora Hilda Sábato, Ciudadanía política y la formación de naciones (1999), o el coordinado por el filósofo Oscar Terán, Ideas en el siglo (2008). También se desataca el trabajo de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano, América Latina y la construcción del orden (2012). En los análisis particulares sobre la temática de la invención de la nación, remarquemos para el caso ecuatoriano el trabajo de Carlos Palatines, Sentido y trayectoria del pensamiento ecuatoriano (2010) y en Brasil los trabajos de Murilo de Carvalho, La formación de las almas (1997) y El desenvolvimiento de la ciudadanía en Brasil (1997). En Argentina destaco los estudios de Chiaramonte (1983).

[4] Periódico El Cóndor, Sucre, 17-9-1825, 18-1-1827 y 2-2-1826.

[5] El Cóndor, Sucre, 12-1-1826 y 2-2-1826.

[6] El Cóndor, Sucre, 23-2-1826 y 22-3-1826.

[7] Los datos han sido extraídos de Ariñez, Rubén y Corz, Carlos, La Razón Digital / Rubén Ariñez – Carlos Corz, La Paz, disponible en http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-contada-traves-textos-constitucionales, noviembre 2016.

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