Se cumple un nuevo aniversario de la Independencia Nacional proclamada por el Congreso de Tucumán en 1816. Acontecimiento histórico relevante en la construcción de nuestra Nación, la identificación de la celebración de la independencia con el 9 de julio nos exige una vez más bucear en las profundidades de nuestra historia, por varias razones. En primer lugar, porque esa asociación excluyente relativiza un tanto la significación del 25 de mayo y la proclamación del primer gobierno patrio; segundo, porque omite la existencia de un intento fallido previo: la Asamblea del Año XIII; y finalmente porque excluye de plano la sanción previa de la independencia formulada por el denominado Congreso de Oriente, 1815, que sesionó en la actual Concepción del Uruguay.
Vayamos por partes. Como es sabido, la Revolución de Mayo instaló el primer gobierno patrio en el marco de las Provincias Unidas del Río de la Plata. De este modo, el Cabildo de Buenos Aires, institución con competencia acotada al espacio local de la ciudad y su ejido, y despojada de cualquier atribución política –se encargaba de regular el tránsito y el ingreso y egreso de personas, garantizar la iluminación, ejercer el poder de policía, etcétera–, decidió modificar su matriz, y ante la vacancia del poder metropolitano asumió el ejercicio provisorio de la soberanía a nombre del monarca encarcelado. Este primer acto soberano implicó algo más que la “retroversión de la soberanía en los pueblos” dispuesta por el pacto colonial hispánico, para el caso de incapacidad o imposibilidad de ejercicio efectivo del poder por parte de la Corona. En efecto, el Cabildo y la Junta se propusieron incluir dentro de sus competencias al conjunto del territorio incluido en la órbita del feneciente Virreinato del Río de la Plata, y no únicamente a su capital.
Este proyecto reconoció diversos momentos y competencias: desde la integración a través del consenso, impulsada por Saavedra –con el consiguiente desplazamiento de Moreno– a través de la fallida experiencia de la Junta Grande, hasta la conformación de triunviratos y directorios. Fue precisamente en el contexto de la reacción de numerosos pueblos y localidades frente a la pretensión de liderazgo porteño –Santiago de Chile, Asunción, Alto Perú, la Banda Oriental, el actual litoral argentino, etcétera– que el levantamiento impulsado por el morenismo y la Logia Lautaro a través de la Sociedad Patriótica, en 1812, instaló no sólo a un nuevo gobierno, el Segundo Triunvirato, sino que también convocó a una Asamblea Constituyente que comenzó a sesionar el 31 de enero de 1813. Esta Asamblea, que se inició con llamativa enjundia, sancionó rápidamente la libertad de vientres, el escudo y el Himno Nacional, un sistema de pesos y medidas, la eliminación de los instrumentos de tortura, entre otros, para pronto decaer abruptamente para casi no sesionar en 1814, y reunirse sólo en un par de oportunidades en 1815 para declararse en receso y cerrar sus sesiones. Diversas razones contribuyeron a esto. Por una parte, la declinación napoleónica, que abrió el camino a las expectativas de una restauración monárquica. Por otra, la tarea efectiva de Lord Stangford, quien impuso la tesis inglesa de sostener en Buenos Aires a un gobierno accesible a las directivas inglesas, al tiempo que vetaba la proclamación de la independencia por dos motivos: evitar la defección de España de la alianza antinapoleónica, cosa que sucedería en caso de que Gran Bretaña apoyara la causa independentista; e impedir que Buenos Aires y el Brasil se repartieran el litoral atlántico, a través de la creación de un Estado tapón –la Banda Oriental– desde donde podría garantizarse la injerencia británica en América del Sur. El desplazamiento de José de San Martín por parte de Carlos María de Alvear y el consiguiente predominio de la facción probritánica en Buenos Aires completaron el escenario de retroceso de las pretensiones independentistas.
Sin embargo, no debe pasarse por alto que, en el momento más fecundo de la Asamblea del Año XIII, la conducción porteña apuntó a extender la unión territorial, invitando a Artigas a enviar diputados. Esta iniciativa, sin embargo, tuvo en la práctica límites bastante estrictos: la unidad aceptada por Buenos Aires sólo sería posible en tanto las provincias aceptaran el liderazgo porteño. De este modo, los representantes artiguistas, provistos de instrucciones precisas en sentido de impulsar el federalismo y resistirse a las pretensiones hegemónicas de Buenos Aires, fueron rechazados con argumentos poco sólidos –se objetó su mandato imperativo– en tanto Artigas –un “argentino nacido en la Banda Oriental”, según su propio testamento– fue declarado “traidor a la patria”. Esta exclusión motivó la reunión del denominado Congreso de Oriente, que sesionó en la actual Concepción del Uruguay bajo el liderazgo de Artigas y proclamó por primera vez la independencia en territorio argentino, el 29 de junio de 1815. También adoptó la bandera azul y blanca cruzada por una banda roja, para simbolizar su matriz federal. De este Congreso participaron, además del artiguismo, las provincias litorales, las misiones, poblaciones indígenas y una delegación cordobesa. Un año después, y ante la inminente liberación de Fernando VII, se reunió en Tucumán un Congreso Constituyente, con opiniones muy encontradas sobre la definición de la independencia, que finalmente se aprobó, aunque en clave centralista y unitaria, en atención a la capacidad de convencimiento de San Martín, Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano, dispuestos a utilizar la fuerza armada, llegado el caso, a fin de garantizar la ruptura definitiva del lazo colonial.
De este modo, si bien el Congreso de Tucumán concluyó formalmente el proceso iniciado el 25 de Mayo, debe impugnarse la pretensión de la tradición política liberal-oligárquica de identificar el hecho político de la Independencia con la firma del acta de proclama celebrada entonces, para remplazarla por una lectura histórica procesual que incluya las tres tradiciones políticas involucradas: la de Mayo, la federal y la unitaria. Lejos estuvo la independencia de ser una iniciativa pura –o primordialmente– porteña, tal como se interpreta a partir de su asociación estricta con el 9 de Julio. El Congreso de Tucumán no definió la forma de gobierno, ni los límites territoriales. Más aún, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón negociaba en simultáneo con la Corte de San Pablo el establecimiento de una monarquía parlamentaria, a través de la coronación de un príncipe paulista.
En términos concretos, la independencia argentina recién quedó consolidada con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, el 2 de febrero de 1825, una vez celebrado el leonino empréstito con la Baring Brothers. Este acuerdo diplomático significó el reconocimiento por parte de una potencia europea y establecía la igualdad legal y política entre las Provincias Unidas y Gran Bretaña. ¿Endeudamiento financiero y bienes estatales como garantía de pago a cambio de reconocimiento de nuestra soberanía? Una lectura muy ajustada de lo acontecido.
Durante la hegemonía unitaria de la década de 1820, el 9 de Julio permaneció ocultado por las autoridades porteñas y nacionales, ya que su proyecto político prescindía de una matriz independentista, imaginándose como un apéndice del Imperio Británico. Habría que aguardar hasta 1835 –dos años antes del Bloqueo Francés– para que Juan Manuel de Rosas restableciera su celebración, como expresión de la voluntad soberana de la Confederación Argentina. No fue por casualidad entonces que el general San Martín caracterizó a la Guerra del Paraná, iniciada en 1845, como la “Segunda Independencia Argentina”, luego de valorar la respuesta de Juan Manuel de Rosas a las pretensiones francesas durante el bloqueo en la década de 1830, legándole su sable.
La firma de los Tratados Southern-Arana con Gran Bretaña, el 24 de noviembre de 1849, y Arana-Lepredour, con Francia, el 31 de agosto de 1850 –por los cuales las potencias europeas solicitaban la paz, reconociendo nuestra soberanía plena sobre los ríos interiores, al tiempo que devolvían todos los bienes y territorios requisados y se comprometían a realizar un desagravio a la bandera argentina– significaron, a la postre, la cristalización definitiva del proceso independentista iniciado en Mayo de 1810, con sus hitos intermedios de los Congresos de Oriente y de Tucumán.
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