El pasado 20 de octubre se produjo uno de los hechos políticos más importantes de los últimos años. Un importante grupo de gremios enrolados en el Frente Sindical para el Modelo Nacional y diversas organizaciones sociales y empresariales realizaron una movilización a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí se celebró la Santa Misa y se leyó un documento ecuménico. Los sectores ligados al gobierno nacional sintieron el impacto del golpe e iniciaron una brutal campaña de difamación contra esta acción. Disparatados argumentos se lanzaron contra la Iglesia y el sindicalismo. Fue tan desvergonzado el ataque y tan burda la operación, que se pretendió instalar en la opinión pública la idea de que era incorrecta la “intromisión” de la Iglesia en asuntos de este tipo. Evidentemente, los que así opinaron tienen un desconocimiento absoluto del accionar de la Iglesia, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Con ocurrencia, el dirigente sindical Omar Plaini señaló que “los que piensan que la relación de la Iglesia y el sindicalismo comenzó el otro día en Luján estaban viviendo en Cracovia” (Letra P, 28-10-2018). Asimismo, expresó que son habituales las reuniones entre los gremios de la CGT y la Pastoral Social Católica. También recordó la íntima vinculación entre el catolicismo y el peronismo: “los que venimos del peronismo decimos que tenemos la doctrina social de la Iglesia”.
El sindicalismo se ha transformado en la principal y más firme oposición que tiene el gobierno de Cambiemos. Las grandes movilizaciones en contra de la política llevada adelante por el presidente Macri han sido motorizadas por el movimiento obrero. Al respecto, se deben recordar las movilizaciones al Monumento al Trabajo del día 29 de abril de 2016; al Ministerio de la Producción, el día 7 de marzo de 2017; y a la Plaza de Mayo, del 24 septiembre pasado, en la víspera del Paro General que se efectuó el día 25.
También le han molestado al gobierno nacional las críticas que diversos sectores de la Iglesia han realizado a su política económica. Por ejemplo, en marzo de este año, los obispos que participaron de la 179ª reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresaron su preocupación a través de un comunicado, en el que se manifestaron en estado de alerta por “la delicada situación social que atraviesa el país” y por “el número creciente de despidos”.
El promocionado asesor de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba –incluso desde antes del ballotage de noviembre de 2015–, viene lanzando diatribas en contra del Papa Francisco. También desde los grandes medios de comunicación afines al gobierno nacional existe una sostenida operación en contra de nuestro ilustre compatriota que ocupa la máxima autoridad católica a escala universal, en la que abundan los términos injuriosos y las noticias falsas o tergiversadas. No resulta ajeno a esta maniobra el hecho de que se haya instalado este año en la Argentina la campaña por la legalización del aborto y por la “separación de la Iglesia y el Estado”. En ambas cumplió un rol clave el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña.
Resulta fácil de adivinar la respuesta que iba a tener un gobierno intolerante con las críticas ante los cuestionamientos por parte de los tres principales actores sociales del país: la Iglesia Católica, el sindicalismo y los movimientos sociales. Sus voceros oficiales y los oficiosos han emitido improperios de todo tipo contra ellos.
Por supuesto, esto no ha generado sorpresa en el ámbito sindical, acostumbrado a estas burdas operaciones de desprestigio. “No se bancaron la buena relación que tienen los sindicatos con la Iglesia”, indicó Pablo Moyano (Telam, 25-10-2018). “Al gobierno le molesta la voz de la Iglesia. Les molestan dos cosas. Que la Iglesia haga una crítica al modelo económico, igual que lo hace el Papa a nivel mundial, y les molesta que se relacionen con nosotros”, aseveró en la misma línea Omar Plaini (Letra P, 28-10-2018).
Pero estas groseras operaciones en contra de la relación entre la Iglesia y el sindicalismo y la fingida indignación por la “intromisión” de la Iglesia en la vida del país no pueden ocultar la realidad histórica: los estrechos vínculos que han existido desde hace décadas entre la Iglesia Católica y el movimiento obrero argentino. Haremos una breve relación sobre los puntos de contacto que hubo entre la Iglesia Católica y el sindicalismo peronista en la defensa de derechos de los trabajadores en los años de la dictadura cívico militar.
Iglesia y sindicatos contra la dictadura cívico militar
El objetivo del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional fue reestructurar al sindicalismo desde el Estado y modificar los rasgos básicos del mundo del trabajo en la Argentina. En esos años se produjo la más salvaje embestida contra los derechos de los trabajadores de toda nuestra historia. El mismo 24 de marzo de 1976 –día del golpe de Estado que derrocó al gobierno peronista encabezado por María Estela Martínez de Perón– la Junta Militar emitió el decreto 9/76 que dispuso la suspensión de la actividad gremial, limitándola a la administración interna y a la defensa de intereses individuales. Luego se intervino la Confederación General del Trabajo (CGT). También se dictaron los decretos-leyes 21.261 y 21.400 que suspendieron el derecho de huelga y de las medidas de acción directa.
El día 27 abril de 1979 la CGT realizó la primera huelga general contra la Dictadura: el movimiento obrero se consolidó como la principal oposición al gobierno tiránico. Unos meses después llegó la respuesta. Fue el ataque más directo contra el Modelo Sindical Argentino por parte de la tiranía. Se sancionó, el día 15 de noviembre de 1979, el decreto-ley 22.105, con el claro objetivo de disminuir el poder del movimiento sindical organizado. En primera instancia, se eliminó la Confederación General del Trabajo (CGT). La ley innovó sobre la tradicional pirámide sindical. Dentro de los tres clásicos grados, privilegiaba la formación de asociaciones de base o de primer grado: sindicatos que afilian a personas individuales. Si bien admitía la asociación de asociaciones (federación), limitaba su función a la concertación del convenio colectivo. En cambio, no habilitaba las organizaciones de tercer grado, es decir, la representación gremial de todos los trabajadores del país. En forma expresa determinaba que debían ser disueltas, y por resolución ministerial se dispuso la liquidación de la CGT.
Asimismo, se pretendió fragmentar –retomando lo realizado por el gobierno de Illia en 1966– a las organizaciones sindicales de ámbito nacional, reduciendo su zona de actuación a un territorio más acotado –sólo una jurisdicción– y se prohibió la sindicalización conjunta de personal jerarquizado con personal subalterno. Finalmente, prohibió la actividad política de los sindicatos.
La Iglesia Católica defiende el Modelo Sindical Argentino
En los meses previos al dictado de esta norma se hicieron públicas las intenciones de la dictadura de modificar la Ley de Asociaciones Profesionales. En esos momentos, la Iglesia Católica empezó a ocuparse, particularmente, del tema sindical. En julio de 1979 la Comisión Permanente del Episcopado Argentino resolvió encomendar al Equipo de Pastoral Social la elaboración de un documento acerca de la cuestión sindical. En agosto de 1979 el Episcopado efectúo una declaración sobre el derecho de agremiación: “La formación de entidades sindicales, de cualquier ámbito geográfico o grado de organización, constituye la expresión de un derecho natural de la persona humana: el de asociación. Por tanto, no puede ser desconocido, negado, ni retaceado”. Pero la posición de la Iglesia Católica no se redujo a recordar el derecho a asociarse, sino que también reivindicó el derecho de los trabajadores de tener el modelo sindical que consideren más conveniente: “Los trabajadores tienen el derecho de conferir a sus asociaciones profesionales la estructura y organización que juzgaren más idóneas, según las circunstancias y en orden a la defensa y promoción de sus legítimos derechos y aspiraciones. Debe dejarse que ellas decidan libremente las características de las mismas, sin imposiciones privadas u oficiales”.
Esta defensa de la causa obrera por parte de la Iglesia Católica no fue un hecho aislado. La condición de sindicalismo “cristiano” del sindicalismo argentino –un hecho que sólo tiene comparación con lo sucedido en Polonia– generó simpatías y afinidad en las filas católicas, desde mediados de los años 40.
La Iglesia fue solidaria con los reclamos obreros durante la tiranía cívico militar. A algún desprevenido podrá sorprenderle esta aseveración. En los últimos años se ha pretendido instalar –por parte de sectores que responden a una tradición política ajena al sentir y al pensamiento de las mayorías nacionales y populares– la idea de una Iglesia católica “cómplice” de la dictadura. Sin perjuicio del criticable contacto que un sector de la jerarquía católica –que en modo alguno representó a la totalidad de la inmensa grey católica nacional– mantuvo con las máximas autoridades del Proceso, existieron importantes miembros de la Iglesia que estuvieron del lado del mismo pueblo al que pertenecen.
Paz, Pan y Trabajo
El 7 de noviembre de 1981 se llevó adelante la primera manifestación popular masiva en contra del régimen cívico militar. El movimiento obrero y la Iglesia Católica fueron los principales actores de aquella jornada. De la movilización participaron entre diez y quince mil personas. La marcha la organizó la CGT, liderada por Saúl Ubaldini en aquellos momentos, y se dirigió hacia la Iglesia de San Cayetano en el barrio de Liniers, bajo la consigna “Paz, Pan y Trabajo” que fue retomada por el sindicalismo peronista –y no por casualidad– en la marcha de octubre de 2018 hacia el Santuario Mariano de Luján a la que hicimos referencia al comienzo de este texto. En la puerta de la Iglesia se celebró una Santa Misa católica. El cura párroco, Humberto Bellone, inició su homilía diciendo: “La justicia social está basada en la verdad, y en la verdad que surge de la realidad de Dios. (…) Dios es providente, y no se va a olvidar de sus hijos, de todos nosotros”. Ubaldini expresó que Dios estaba con los trabajadores, y Lorenzo Miguel declaró que esa manifestación había sido “la demostración de un sentimiento nacional, humanista y cristiano” (La Razón, 8-11-1981). En la desconcentración de la Misa se entonó La Marcha de los Muchachos Peronistas y se coreó una consigna que, con el paso de los meses, cada vez se escucharía más: “Se va a acabar / se va a acabar / la dictadura militar”.
Desde la irrupción del peronismo en la vida política de nuestra nación se ha consolidado una íntima relación entre la Iglesia Católica y el Movimiento Obrero. Esta cercanía coadyuvó a que la comunidad argentina viviera sus años más gloriosos, tuvo resultados nefastos cuando se produjo un lamentable distanciamiento y volvió a conseguir buenos frutos en plena lucha contra la más horrenda tiranía que soportó el pueblo argentino en el siglo pasado. Tenemos esperanza de que el amor al prójimo –entre dos sectores indisolublemente integrados a la sustancialidad de nuestro pueblo– podrá volver a recrear provechosos beneficios a toda la comunidad nacional que lo merece y espera. Que así sea.
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