Hace tiempo que me llama la atención la sistemática omisión de la mención al año 2002 en la narrativa periodística y de investigación, que se extiende también a otro tipo de producciones. La instalación de un pensamiento que se pretende políticamente correcto borra la existencia de ese año, convirtiéndolo solamente en una bisagra entre la crisis del 2001 y la asunción del gobierno kirchnerista en el año 2003. Además de desdibujar el relato de la historia contemporánea, obtura el debate sobre las transformaciones que se produjeron en este período: decisiones tomadas en el corto plazo implantaron innovaciones de las que todavía el escenario político y social es claramente tributario.
¿Qué pasó en el año 2002 para fundar esta vergonzante memoria del mismo? Como ya quedó 16 años atrás, no podemos suponer que esté vivo en el recuerdo de los nuevos actores sociales. Porque quien tenía 10 años en ese momento tiene ahora 26, y vaya a saber qué es lo que recuerda y qué le transmitieron. En síntesis, iniciado con designios de vértigo –incluyendo cinco presidentes en trece días–, el primer paso fue la decisión de la Asamblea Legislativa de designar presidente de la Nación a Eduardo Duhalde, senador por la provincia de Buenos Aires. Esta decisión implicó un pasaje velocísimo de cuadro político técnicos de las provincias –no sólo la de Buenos Aires– al escenario nacional.
Con tasas de desempleo y subempleo del orden del 20% y de pobreza urbana de más del 50%, la primera innovación de concertación que vale la pena señalar fue el llamado al Diálogo Argentino: coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, centró el debate en el desarrollo de una plataforma sectorial de medidas que luego del consenso debían adoptarse. Además de los resultados alcanzados como metas futuras de gobierno, también fue relevante la configuración de actores que las impulsó, que iban desde los cultos religiosos de todo color al nuevo movimiento social de la calle. En otros aspectos, también fue el momento de las asambleas populares, cuya acción culminó en el “que se vayan todos”, la promoción de los escraches a los políticos –que los confinó a sus hogares por un largo tiempo en que no era posible exponerse al mundo público– y la batalla contra los bancos, en protesta por el 1 a 1 y la congelación de los depósitos sin cláusula de actualización frente a la devaluación del dólar. Cada una de estas acciones fue como una semilla de esperanza sobre su potencialidad, aunque, con el paso del tiempo y en un país fuertemente politizado, fueron perdiendo fuerza y replegándose sobre el sistema de partidos políticos. Paradoja nacional de país que vuelve a sus partidos históricos, aunque con un sistema político-partidario débil, como lo es todavía hoy. Ese potencial alternativismo de la sociedad civil tuvo vida breve, pero algunas de las estructuras de base local y de organización del mundo de la pobreza se mantienen todavía en pie.
¿Qué propuso el Diálogo Argentino? En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Duhalde compartió con la ciudadanía las demandas levantadas por ese cuerpo. Entre las propuestas para combatir la pobreza y la desocupación, se planteó la necesidad de universalizar las prestaciones por desempleo, la extensión de la cobertura de seguridad social a grupos no protegidos y a algunos tramos etarios, preservar y generar empleo, promover la reactivación de las micro empresas y pymes, promover el empleo frente a las crisis empresarias y el blanqueo integral de todos los trabajadores como contraparte de las empresas que recibían beneficios del Estado. En educación, se pidió la jerarquización de la formación docente, la articulación con las universidades, el desarrollo de programas que garantizaran la terminalidad de la educación de adultos y la articulación entre educación y trabajo. También se proponía crear tarifas especiales de energía para las escuelas, la provisión de insumos para comedores escolares al valor de costo y mejorar la conectividad telefónica de las escuelas. La implementación de algunas de estas medidas, como veremos, exigían como mínimo la reformulación de la arquitectura estatal y de algunas de las herramientas de intervención utilizadas hasta ese momento.
En el plano de la administración pública también se sucedieron las medidas de emergencia destinadas a paliar la crisis que había explotado en el país, desde refuerzos presupuestarios para el funcionamiento de comedores escolares en las provincias más pobres, hasta la búsqueda de nuevas alternativas estatales de intervención. Entre las más importantes –y en las que me tocó estar involucrada– se produjo una reestructuración de algunas áreas técnicas de intervención en el mundo del desarrollo social, como la creación del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que reportaba a la Presidencia de la Nación y tenía como misión (Decreto 357/2002) coordinar el trabajo de cinco organismos de un modo sinérgico: el Sistema de Información Tributaria y Social (SINTYS), el Consejo Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS), el Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias (CENOC) y el Sistema de Evaluación y Monitoreo de Políticas Sociales (SIEMPRO). En fin, una rápida intervención para generar una plataforma que permitiera abordar las históricas debilidades o carencias de coordinación entre agencias del sector público, tantas veces reiteradas en la crítica política y la investigación social.
Producida esta modificación, y aunque se gestó en paralelo también con el Ministerio de Desarrollo Social, la medida seguramente más importante para abordar la crisis fue el lanzamiento del Programa de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, denominado Programa de Inclusión Social, que en un plazo de alrededor de dos meses alcanzó a transferir un ingreso de 150 pesos a un millón y medio de hogares. Con toda la controversia existente alrededor de algunos aspectos del gobierno de Duhalde –especialmente centrada en los efectos de la pesificación asimétrica–, esa acción concita el acuerdo de prácticamente todos los sectores. El programa implicó un brutal viraje en los mecanismos de protección social, ya que pasó del enfoque de programas focalizados, cuya operación se mediaba por el uso de instrumentos como el SISFAM –aplicados por encuestadores a las familias candidatas– a un modelo de inspiración universalista solicitado por la demanda, lo que exigió el chequeo de características de los inscriptos con las bases de datos que permitieran verificar sus características para aplicar al plan. Ya hemos mencionado el alcance de la cobertura, que da la pauta de la masividad del operativo que tuvo por detrás. Por supuesto que dicha cobertura implicó errores de inclusión, en los que se cebó parte de la prensa para acusarlo de discrecionalidad. Sin embargo, investigaciones realizadas por organismos que lo financiaban y cuyos préstamos se adicionaban a los recursos del tesoro nacional, señalaron la irrelevancia de ese problema. En todo caso, frente a la crisis, mejor tener errores de inclusión que de exclusión y, mejor aún, no tener errores.
Recuerdo haber recorrido el conurbano con una colaboradora para verificar las condiciones de capacitación de los agentes que aplicaban el SISFAM a los otros programas que todavía sobrevivían, un horrible día de junio. Ese día tuvimos una foto cabal de la gravedad de la situación y del desfasaje existente entre ese mecanismo de control de inscripción y la escala de los problemas. Pero todo iba a ser mucho peor, porque ese mismo 26 de junio Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados por la policía bonaerense. Recuerdo también haber participado en la reunión de gabinete en la que el presidente expresó su voluntad irrenunciable de que ese homicidio se investigara, tal como sucedió, y la consistencia con su decisión previamente anunciada de que no toleraría ningún crimen durante su mandato, hecho que ocasionó el adelantamiento de las elecciones y su exclusión de las mismas. Hoy, la ex estación Avellaneda de ferrocarril –localidad que fue como el locus por excelencia de la clase obrera histórica organizada– lleva el nombre de esos dos luchadores sociales.
Otro aspecto importante del funcionamiento del programa fue la creación del Consejo Asesor del Programa de Jefes y Jefas de Hogar en el que participaron la mayor parte de las organizaciones involucradas en la implementación del programa: religiosas, de la sociedad civil, organizaciones barriales y de desocupados, cámaras empresariales, todas ellas poniendo en común críticas y observaciones, buscando la mejor salida para que la plata llegara. Por supuesto que esa convergencia multiactoral daba lugar a una producción muy positiva, en la que a veces no faltaban escenas jocosas que surgían de la convivencia de grupos que hasta ese momento ni siquiera se hablaban entre sí.
Estas acciones fueron simultáneas con otras innovaciones en otras áreas, como en la de Salud, especialmente, en la que se avanzó con la sanción de la emergencia sanitaria, la ley de prescripción de medicamentes por su nombre genérico, la ley de fortificación de harinas –procedimiento que ya se aplicaba en productos comestibles que exportábamos, pero no en los que iban al mercado interno–, la creación del programa Remediar que distribuía botiquines de medicamentos en los centros de atención primaria de la salud y la absolutamente revolucionaria creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Pese a este más que brevísimo paneo sobre el gobierno de Duhalde, llama la atención la omisión. Los relatos de los padeceres nacionales suelen terminar con las puebladas del 2001 y saltar a la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia. En el medio, como si no hubiera ocurrido nada. El otro día me llegó un reciente documento de un organismo del sector público argentino que describía una secuencia histórica, en la que no había absolutamente nada sobre el 2002. ¿El 2002 será el año maldito del calendario burgués?
Frente a esto, encuentro una declaración del presidente Macri, en la que señala “sin Cambiemos la tormenta hubiera generado un 2001”. No lo sé, de lo que sí estoy segura es que con Cambiemos no será posible reproducir el 2002. Pero para los que somos tributarios de esa historia, vale la pena revisar más profundamente qué se hizo bien y qué puede ser recuperado para estos momentos de flagrante injusticia.
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