Cuando analizamos el alcance y sentido de las políticas sociales en el marco de las estrategias de los gobiernos de Estado es importante hacerlo en forma contextualizada. El 10 de mayo de 2019, la actual vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, frente al indignante caos organizado por el gobierno del ingeniero Mauricio Macri y Cambiemos que generaba fragmentación social, exclusión, endeudamiento y desestructuración del Estado, nos convocó a construir “un contrato social de todos los argentinos y todas las argentinas”.[1] Un contrato social de la ciudadanía responsable: del empresario, del ciudadano en su ámbito y actividad, del dirigente sindical, del dirigente intelectual, del operario, de cooperativistas, del que percibe un plan de trabajo. En sus fundamentos refirió que el Estado es el primero que debe generar las políticas, el empresariado en comprometerse a promover condiciones para el desarrollo del mercado interno, y todos en poner el esfuerzo para crear trabajo genuino, no dando lugar a quienes pretenden especular con la miseria y el hambre del Pueblo.
Seis días después, en el marco de la conmemoración de la semana de mayo, la expresidenta convocó a nuestro actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, a darle horizonte político a ese contrato social conformando el Frente de Todos y convocando a construir una representación en donde el compromiso sea “el interés nacional y dar respuesta a las necesidades más urgentes de nuestro pueblo”.[2]
En este contexto, los principales ejes propuestos por el Frente de Todos en lo social fue garantizar el derecho a comer y abordar la emergencia alimentaria; convertir los planes sociales en trabajo; valorar los procesos populares de promoción de la economía social y solidaria como parte de las políticas sociales; garantizar los derechos de las niñeces; y promover procesos de inclusión de las juventudes con dificultades de acceso a la educación y al trabajo.[3]
La perspectiva desde la cual entendemos que debe darse la reconstrucción de las políticas sociales en el marco de las instituciones del Estado es la que tiene por horizonte intervenir garantizando la igualdad de oportunidades para que todas las conciudadanas y todos los conciudadanos accedan a los derechos adquiridos constitucionalmente y promuevan los que falten, reduciendo las múltiples desigualdades, exclusiones y discriminaciones –sociales, de géneros, culturales, económicas, etarias– que generan las dinámicas de las economías concentradas y reproducen los mecanismos hegemónicos de producción cultural.
La perspectiva de derechos en las políticas públicas encuentra fuentes teóricas en distintas disciplinas que interactúan, pero políticamente podemos enmarcarnos en la consigna con la cual Eva Perón discutió a la beneficencia, enfrentó las desigualdades sociales y dio preeminencia al Estado, diciendo: donde existe una necesidad nace un derecho.
Ese mismo Estado, que viene bregando históricamente por el desarrollo de la Argentina, embanderado en los principios de un Proyecto Nacional con soberanía política, independencia económica, justicia social e integración latinoamericana, debe ser fortalecido en su poder redistribuidor y debe ser participativo, para empoderar al Pueblo que lo habita.
Las desigualdades construidas por la derecha y en la pandemia
Cambiemos y el macrismo son el instrumento político actual de los poderes fácticos de la derecha en la Argentina, que se considera dueña de los recursos de nuestro territorio y cree que puede hacer con ellos lo que sea conveniente para sus intereses. Desde ese posicionamiento, el PBI medido en dólares se desplomó un 28,6% per cápita; permitieron la fuga 82.082 millones de dólares; la deuda aumentó 100.000 millones de dólares entre 2016 y 2019, pasando a representar el 92% de PBI, cuando en 2015 era el 52,6%; la inflación anual pasó del 29% en 2015 al 42% en 2019; la devaluación se precipitó un 523% en los cuatro años de su gobierno, pasando de 9,3 pesos por dólar a 60; se destruyeron 194.000 puestos de trabajo privados formales y la desocupación pasó a ser de dos dígitos (10,6%); jubilaciones y pensiones se desplomaron entre un 7% y un 20%.[4] Todos estos indicadores generaron pobreza y, por consecuencia, ampliación en la brecha de desigualdad, que se agudizó con el impacto sanitario, social y económico de la pandemia.
Es reconocido por los organismos internacionales que la pandemia ha evidenciado y exacerbado en la región y en el mundo las grandes brechas estructurales, con altos niveles de informalidad laboral, desprotección social en sectores vulnerables –niñas, niños y personas mayores–, injusta división sexual del trabajo y de la organización social del cuidado, entre otras, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las personas, especialmente las mujeres y disidencias sexuales.
En el plano nacional, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, Fernanda Vallejos, respecto al incremento de la desigualdad explicó que entre 2010 y el 2015 la brecha entre el 10% más pobre y el 10% más rico se redujo en un 27% (de 22 a 16 veces); entre 2015 y 2019 creció un 25% (se amplió de 16 a 21 veces); y en 2020 aumentó otro 25% (se amplió a 25 veces).[5] Como consecuencias de estos cambios estructurales en el modelo de distribución y empoderamiento de los sectores concentrados de la economía, hoy nos preocupan y ocupan 12 millones de compatriotas bajo la línea de pobreza y tres millones bajo la línea de indigencia, y ese 57% de niños y niñas pobres que habitan nuestro territorio.[6] Esta gravísima situación de vulnerabilidad de parte de nuestra población no se debe a incapacidades individuales, situaciones naturales o designios divinos. Concretamente responde a condiciones de injusticia social que expresan conflictos de intereses y reproducen la pobreza, garantizando la acumulación de ganancias en pocas manos. En un país tan rico en recursos naturales, las dificultades de acceso a una alimentación básica y saludable, el deterioro del poder adquisitivo, y la resistencia a pensar un sistema integrado de salud en plena pandemia, son claros ejemplos de estos conflictos de intereses.
El rol de las políticas sociales para construir un país más justo
A las políticas sociales, dirigidas a los sectores que transitan situaciones de mayor vulnerabilidad para igualar oportunidades, las estamos reconstruyendo con perspectiva de derechos, integralmente, con mirada federal, en diálogo con los principales actores vinculados al problema social y yendo de lo urgente a lo estratégico. Los derechos básicos a la alimentación saludable, a la inclusión social, al trabajo, a una niñez y una juventud dignas, a la autonomía de las mujeres y disidencias, a una vejez protegida, a la salud y a la vida, son los principales derechos que rigen esa reconstrucción. Con oportunos abordajes integrales, según las problemáticas identificadas, se va trabajando conjuntamente entre los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Mujeres, Géneros y Diversidad, ANSES, PAMI, INAES y ANDIS, promoviendo abordajes federales e interjurisdiccionales de los estados nacional, provinciales y municipales, y con actores –referentes, instituciones, organizaciones– de distintas comunidades para llegar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Incorporando demandas sociales y organizadas históricamente, votamos leyes como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Mil días, Cupo Laboral Travesti- Trans o Aporte Solidario Extraordinario, que ampliaron derechos para sectores altamente vulnerables y generaron una redistribución un poco más justa del poder social y económico con perspectiva de género.
Desde el posicionamiento del proyecto nacional y popular, sosteniendo la convicción de que la planificación de la atención de la salud debe ser pública, pudimos recuperar el Ministerio de Salud de la Nación y multiplicar las inversiones presupuestarias para tener capacidad de prevenir, asistir e inmunizar frente a la pandemia. Estamos recreando la esperanza, la solidaridad y la vida con la compra estatal y la campaña de vacunación más grande de nuestra historia.
La resistencia a la intromisión de las políticas neoliberales en nuestro sistema de seguridad social también nos permitió estar preparados frente al impacto social y económico de las medidas de cuidados de la salud –aislamientos y distanciamientos sociales– pudiendo incrementar los ingresos a través de asignaciones familiares, AUH, AUE, jubilaciones y pensiones, o promover la tarifa social, el Ingreso Familiar de Emergencia y vehiculizar los ATP.[7]
Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco de las emergencias heredadas y su agravamiento durante la pandemia, lo urgente fue la asistencia alimentaria. La respuesta decidida de nuestro ministro Daniel Arroyo fue llevar adelante el Plan Argentina Contra el Hambre, que busca que mensualmente 3,7 millones de niños, niñas y adolescentes puedan acceder a los alimentos de la canasta básica mediante la Tarjeta Alimentar que perciben su madre o su padre. El plan fue complementado con el incremento de asistencia presupuestaria a provincias y municipios para la asistencia alimentaria individual, a comedores escolares y a organizaciones para comedores comunitarios. La alimentación saludable busca alcanzarse con el asesoramiento del consejo contra el hambre, programas educativos, producción de alimentos frescos y promoción de mercados de cercanía.
En términos inclusivos, el Ministerio se propuso redireccionar los planes sociales hacia el trabajo y creó el programa Potenciar Trabajo, donde ya un millón de personas perciben el 50% del salario mínimo vital y móvil con perspectiva de formarse para el trabajo, terminar su nivel educativo o promover proyectos productivos de la economía social. También se acompaña a emprendedores con bancos de herramientas o microcréditos.
En una perspectiva más estratégica y territorial, el compromiso está puesto en la construcción inmediata de 300 jardines para la primera infancia, la urbanización de 400 barrios populares, la rearticulación con los 847 centros integradores comunitarios y la formación de sus mesas de participación, articulación y gestión, el fortalecimiento de los 50 centros de referencia en las provincias, la puesta en marcha del tren sociosanitario y la construcción transversal de políticas sociales con perspectiva de género. La inversión económica decidida por el gobierno para dar respuesta a la segunda ola de coronavirus supera lo planificado en el presupuesto 2021, siendo más de 480.000 millones de pesos, equivalente al 1,3% del PBI.
Desafíos y oportunidades: redistribución, participación, solidaridad y contrato social
El compromiso de la responsabilidad histórica, la coherencia con la representación asumida, el amor al Pueblo y la valoración de poder vivir en democracia, consolidando el Estado de Derecho, es lo que da la fortaleza a este movimiento nacional y popular para enfrentar todas las adversidades, esperadas e inesperadas, y generar procesos de transformación con las herramientas del Estado y la política. Esa misma fortaleza es la que nos debe dar impulso para ir por más cambios estructurales que consoliden la construcción del Contrato Social para la igualdad de oportunidades de todas y todos, a través de:
- una reforma tributaria progresiva;
- condicionamientos a los formadores de precios que especulan con la mesa de alimentos de las argentinas y los argentinos;
- la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos familiares para el desarrollo digno de la vida;
- la integración de los sistemas de salud;
- el mantenimiento de la firmeza ante los acreedores externos y la decisión política de que la deuda contraída por el macrismo es insostenible para el desarrollo del país;
- una reforma judicial con perspectiva de derechos humanos y feminista, comprometida con las necesidades del pueblo y la democracia, no con las corporaciones;
- la conformación de ámbitos formales de participación directa de la ciudadanía en la construcción de las políticas sociales;
- la construcción de nuevos sentidos sociales y culturales que fortalezcan el entramado solidario y comunitario por sobre el individualista y meritocrático.
Laura Berardo es licenciada en Trabajo Social, subsecretaria de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, docente universitaria (UNLZ y UNAJ), coordinadora de la comisión de Inclusión del Instituto Patria, diputada provincial (MC) y concejala electa de Lomas de Zamora.
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[1] Presentación de Sinceramente en la Feria del Libro. www.cfkargentina.com/presentacion-de-sinceramente-en-la-feria-del-libro.
[2] 18 de mayo del 2019. En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. Cristina Fernández, Unidad Ciudadana. www.cfkargentina.com/en-la-semana-de-mayo-reflexiones-y-decisiones.
[3] Plataforma del Frente de Todos. Desarrollo Social. https://frentedetodos.org/plataforma.
[4] www.undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/25342.pdf.
[5] Fuente: CESO, 10 de abril de 2021: www.parlamentario.com/2021/04/10/vallejos-y-laspina-debatieron-sobre-crecimiento-y-distribucion.
[6] Fuente: INDEC, segundo semestre 2020: www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-46.
[7] www.argentina.gob.ar/produccion/medidas-pymes-covid/atp.
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