La pandemia de COVID-19 puso al Estado en el centro del debate público. Por estos días, en las democracias liberales se discute cuánto más o cúanto menos es necesaria la presencia estatal para hacer frente a una epidemia que las ha vuelto vulnerables. Por primera vez estamos descubriendo la realidad de un mundo globalizado que –como advierte el economista Dani Rodrik, último ganador del premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales– se preocupó por acumular más, pero se despreocupó de los bienes comunes.
En Argentina, en medio de este problema mundial, desde el inicio de la pandemia la ciudadanía ha vuelto a mirar al Estado, a quien concibe como la única acción de defensa contra la crisis. Con todas las aclaraciones y reparos conceptuales, tal reconocimiento coincide con la resolución hobbesiana del dilema entre libertad y seguridad. En el Leviathan, Thomas Hobbes señala que, entre sabernos libres pero inseguros o inseguras, optaremos por la seguridad; en una situación de crisis, el único que puede garantizar esa seguridad es el Estado. En otras palabras, cuando surgen nuevos peligros y aumentan las percepciones del riesgo, los ciudadanos y las ciudadanas buscamos refugio en el Estado.
Los estudios de opinión pública que venimos realizando en el contexto pandémico revelan información importante que reafirma esa premisa. A inicios de marzo –cuando la situación se caracterizaba por una alta incertidumbre derivada de las pocas respuestas que había aún sobre la enfermedad y una gobernanza global insuficiente en términos de trazado de medidas sanitarias– la ciudadanía argentina reconocía que el Estado no estaba preparado para contener la enfermedad. Ese dato comenzó a revertirse y hoy la percepción predominante es que, políticas públicas mediante, se ha podido preparar al sistema de salud.
En el inicio de la situación extraordinaria e inédita también se experimentaron fuertes comportamientos especulativos de un sector del empresariado. Preguntamos por ello a las argentinas y los argentinos, y una gran mayoría –ocho de cada diez– nos dijo que estaba de acuerdo con que el Estado tomara el control de la producción y la distribución de bienes o productos esenciales. Otra mayoría sostuvo, además, que el Estado debía fijar precios máximos para ciertos productos imprescindibles. Estos datos demuestran que no es que la sociedad se haya desplazado hacia el materialismo histórico, sino más bien que la ciudadanía valora el poder punitivo y la organización estatal para regular a quienes rompen el pacto social y aprovechan las circunstancias para aumentar sus márgenes de ganancias. En este caso, los empresarios.
La demanda de intervención del Estado para atenuar la crisis fue sostenida y bastante horizontal desde marzo hasta ahora. Incluso llegó a filtrar en los segmentos opositores. Hoy lo que se presenta es una demanda diferencial de mayor apoyo estatal entre los opositores, más que entre los oficialistas.
Esto marca un claro contraste con el rol que jugó el Estado en la administración Cambiemos y su programa neoliberal. La disminución del papel regulador del mercado y la reducción del gasto público derivaron en el fortalecimiento del capital privado transnacional, la promoción de estructuras concentradas de la economía y el predominio del capital financiero por sobre el productivo. Los resultados fueron inevitables e injustos: enormes disparidades en la distribución de la riqueza y, consecuentemente, profundas desigualdades sociales y económicas. La salud, la ciencia y la educación, áreas básicas para el desarrollo de cualquier país, también fueron relegadas. Así, en diciembre de 2019, el gobierno de la coalición Frente de Todxs se encontró con un Estado desguazado que desde entonces está rearmando. En ese sentido, el desafío que tiene el gobierno es colosal, pues debe reconstruir una nueva estatalidad basada en reglas de solidaridad y cooperación. Nos hemos dado cuenta de que lo racionalmente individual suele derivar en un fracaso colectivo.
Organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la CEPAL han advertido que la caída del PIB global será estrepitosa y que las consecuencias en las economías domésticas, en rigor, no pueden predecirse. Lo único que parece tener algún tipo de certeza es que sólo una cooperación internacional responsable podrá enfrentar la debacle social y económica que dejará el paso de la COVID-19. Los Estados nacionales tendrán que continuar desarrollando una participación activa en la pospandemia. Los sacrificios de todos los sectores de la sociedad serán inevitables. Por eso será fundamental la aplicación de políticas redistributivas que hagan, por caso, que las grandes fortunas puedan ayudar con sus impuestos a quienes tienen menos. No será fácil. Las élites económicas no sólo están inquietas por la pérdida de su rentabilidad, sino sobre todo por la evidente erosión que está sufriendo su control social. En esta línea se ha activado, en efecto, un discurso ideológico que reivindica las libertades individuales y la propiedad privada, y que cristaliza indefectiblemente en un conjunto de narrativas basadas en la “preocupación por el avance estatal”.
El Gobierno nacional cuenta, no obstante, con bases de apoyo para poder intervenir con instrumentos de redistribución del ingreso, tales como gravámenes a los grandes patrimonios, expropiaciones o rescate de empresas. Para ello debe mostrar convicción en los tres frentes que ocupan en estos momentos a la opinión pública: el futuro inmediato, la pandemia y la economía.
Marina Acosta es doctora en Ciencias Sociales y directora de Comunicación de Analogías.
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